Gobierno ya tiene votos para ir por el consejo de jueces

Miguel Pichetto

La llaman la «ley del piquete» y con ella el gobierno de Néstor Kirchner se asegurará un dominio sobre la Justicia que no tiene precedentes en el país.

En la noche del martes, la senadora Cristina Fernández de Kirchner festejó en la intimidad haber logrado un dictamen único que otorga plena hegemonía al bloque político en el Consejo de la Magistratura.

Con esa llave maestra podrá nombrar a los jueces que le importen y en un chasquear de dedos echar a los opositores. Es decir, imponer una Justicia que responda a su ideología. Su instauración tendrá efectos sobre una generación entera y decisiva influencia fronteras afuera.

El control ideológico del consejo de jueces es la contraofensiva de aquella batalla desplegada para hacer una Corte Suprema a medida. El gobierno no sólo tendrá una Corte con jueces propios sino también se prepara a designar a los magistrados que harán la justicia del futuro.

• Aspiración

Durante los dos años y medio de gestión que lleva, Kirchner designó 62 ternas de jueces, pero si en la sesión extraordinaria del 7 de diciembre la «ley del piquete» obtiene media sanción, el gobierno habrá dado un paso fundamental en su aspiración de renovar a placer todo el plantel de jueces federales y del resto de los fueros.

La Federación de Colegios de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el de la Ciudad de Buenos Aires y Atilio Alterini, decano de Derecho de la UBA, le advirtieron a la esposa del Presidente que su proyecto de ley rompía el equilibrio que necesariamente debe tener el Consejo de la Magistratura para mantener la independencia de la Justicia. Pero la primera dama no escucha consejos.

«¿Quién es Orio para pedirme una audiencia?». Eduardo Orio es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, y quien interrogaba sobre la osadía no era otra que la primera dama. El abogado había intentado reunirse con Cristina de Kirchner en la tarde del martes para hablar de la reforma, pero la senadora descalificó su representación y consideró el pedido de audiencia como «improcedente».

«Parecía D'Elía pero vestido de mujer. Y a Jorge Yoma y Miguel Pichetto, que asentían todo, sólo les faltaba cubrirse la cara para ser piqueteros», graficó un comedido que participó de la reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Tanto ahínco en la defensa de un proyecto de ley tiene sentido a la hora de contar cómo será la distribución de las sillas, que de 20 pasarán a ser 13. Hasta ahora el Congreso tiene cuatro representantes por Cámara: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría.

Con esta ley los integrantes del Consejoserían tres miembros de cada Cámara (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), un representante del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos representantes de los colegios de abogados y uno por el ámbito científico y académico. Queda excluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, de 13 miembros, siete responderán al oficialismo.

Ayer Pichetto se confesó ante un importante miembro de la Justicia y admitió que la reforma del Consejo se «está convirtiendo en un escándalo» y que lo correcto era volver a discutir el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Juan Carlos Blumberg, alguien ajeno a la corporación judicial, reflexionaba que el proceso que pretende la administración-Kirchner va contra lo que se impone en el resto del mundo.

• Ejemplo

Por caso, mencionaba que en Italia el presidente de ese cuerpo colegiado es el presidente de la república, y está integrado por el procurador general del Tribunal de Casación; dos tercios por magistrados y un tercio por miembros del Parlamento, aunque éstos deben cumplir con el requisito de ser profesores titulares de Derecho y tener 15 años de antigüedad en el cargo.

O, el caso de Francia, compuesto por tres miembros: el presidente, el ministro de Justicia y un consejero. Además existen dos cámaras: una integrada por 5 jueces y un fiscal y la otra integrada por 5 fiscales.

Sin embargo, la mirada oficial está lejos de los modelos que se imponen en otros países, y más cerca de los Tribunales de Comodoro Py o del Palacio de Justicia.