Grave: nadie leyó informe que alertaba sobre los boliches

La causa que investiga la tragedia del boliche República de Cromañón que produjo 193 muertos envuelve cada hora más a los políticos. Un tumultuoso careo ayer entre dos ex funcionarias encargadas de la habilitación de locales arrojó una revelación estremecedora por el grado de irresponsabilidad que exhibe: meses antes del hecho, el cuerpo de Bomberos de la Capital Federal había enviado al Gobierno porteño una lista de los locales que no contaban con la habilitación técnica para funcionar. Aunque entre ellos no figuraba Cromañón porque en ese mes -agosto de 2004, se presume por lo escuchado en el careo- había superado el examen de los Bomberos, lo inaudito es que una de las ex funcionarias reconoció que nunca se tomó medida alguna porque no tuvo tiempo de leerlo. La pregunta que se hacían ayer los familiares de las víctimas era si, de haberse tenido en cuenta el informe, se podrían haber evitado las muertes.

Aníbal Ibarra

Más confusión agregaron ayer dos ex funcionarias del Gobierno porteño al caso Cromañón durante un agresivo careo ante el juez Julio Lucini, quien lleva la investigación y resolvería la semana próxima sobre el procesamiento de 18 personas. Al dejar al descubierto una cruda interna política dentro del Gobierno de la Ciudad, las ex funcionarias ahora admiten que se tenía un documento con un listado de boliches que debían ser clausurados, pero, claro, una dice que era la otra la que lo habría desestimado.

Fernández reconoció la existencia del informe de Bomberos, pero quedó en duda si el documento llegó a Fiszbin. Fainberg consideró ayer que «Fernández se contradijo infinidad de veces y admitió que había recibido un informe de Bomberos con la nómina de los locales que tenían su permiso vencido». Cavalli afirmó que su cliente le entregó a Fiszbin «en mano» el documento.

«Quedó claro que la única que decía la verdad era Fernández y que la responsabilidad sobre el control la tenía Fiszbin», dijo el letrado.

• Careo

Según Fainberg, Fernández intentó llevarse 160 intimaciones a locales bailables, el 2 de enero pasado, antes de dejar su puesto, pero Cavalli lo negó.

El magistrado trata de saber quiénes tuvieron la responsabilidad de clausurar el local bailable, que tenía el certificado habilitante que emite Bomberos vencido, la noche del 30 de diciembre pasado, en la que murieron 193 personas.

En ese trámite tuvo lugar ayer un careo entre la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y quien era la directora adjunta de su área, Ana María Fernández. Violentas en las expresiones, las mujeres debieron ser reprendidas por el juez Lucini.

• Intimación

Las dos, en sus respectivas indagatorias tomadas por el magistrado que las acusa del presunto delito de homicidio culposo, dijeron no tener directamente que ver con las inspecciones a los locales nocturnos. Fiszbin acusa a Fernández de desentenderse de su responsabilidad sobre los inspectores al momento de la tragedia y que se habría llevado documentación con órdenes de intimar a locales en infracción. Fernández dice que hasta agosto 2004 tuvo a su cargo la dirección general que comanda a los inspectores, pero no ya en diciembre, cuando ocurrió la tragedia.

Lo cierto es que la controversia surge del periplo que realizó una caja azul que nadie encontraba la mañana del 31 de diciembre, en medio de la desgracia, cuando Aníbal Ibarra pedía antecedentes sobre República de Cromañón y a Fiszbin -en ese momento en Brasil- que regresara.

La repartición de Control Comunal se había mudado a Barracas y, al parecer, es un empleado el que recuerda que en una caja azul etiquetada como «requerimientos» algo había. De esos papeles se difundió una intimación a Omar Chabán -responsable de Cromañón, preso y procesado- para que remita la documentación del local. Lo hizo en junio, pero aún tenía, hasta noviembre, validez el certificado de Bomberos.

La vehemencia de las ex funcionarias terminó ayer con que Fernández admite haber visto un listado, poco antes de su pase a la función de adjunta (la reemplazó Gustavo Torres, también indagado ya), pero que no la había recibido ella.

Los defensores de Fiszbin presentaron una copia certificada por escribano de la recepción de esa lista en la mesa de entradas del despacho de Fernández y, además, actas de clausura de locales firmadas por Fernández, para demostrar que sí tenía injerencia en las inspecciones.

«No estás más en la subsecretaría para hacer lo que se te da la gana», le espetó Fernández a Fiszbin, en un retruque que debió frenar el juez Lucini.

Fiszbin es una psicóloga que llegó a su puesto de la mano del ibarrismo, de su amiga Vilma Ibarra y el jefe de Gobierno; Fernández responde al Partido de la Ciudad, que preside Jorge Giorno, quien hasta el miércoles compartió la gira de Aníbal Ibarra en Washington ante el Banco Mundial.

Fiszbin, una vez fuera del Gobierno porteño, en los primeros días de enero, recolectó documentación de su área a través de ex colaboradores. Esos documentos, cree su defensa que ejercen Marcelo Fainberg y Jorge Anzorregui (h), incriminarían a Fernández como la responsable de las inspecciones y clausuras.

• Pedido de ampliación

En cambio, la defensa de Fernández, a través del letrado Nicolás Cavalli, argumenta que toda la información la tenía la ex subsecretaria y pedirá al juez una ampliación de la indagatoria de su clienta. Las dos mujeres, la semana que viene tienen un careo cada una con Rodrigo Cozzani, el coordinador de operativos de inspecciones de locales nocturnos. El juez citará, además, a Juan Loupias, ex funcionario de la Subsecretaría de Seguridad, quien coordinaba los contactos con la Policía Federal para que se llevaran adelante las clausuras.

Está previsto que hoy declare como imputado el ex jefe del turno noche de los inspectores Víctor Tellias.