El ARI desembarcará hoy definitivamente en la causa por el caso Greco. Y lo hará ampliando la denuncia que ya investiga el juez Sergio Torres sobre el trámite de reconocimiento de la deuda de los Greco-Bassil en el Ministerio de Economía y su camino hasta llegar a ordenarse por un proyecto de ley la emisión de bonos para cancelar esa cuestionada deuda: por primera vez se acusa directamente de cohecho a los funcionarios del área legal del Ministerio de Economía durante la administración de Roberto Lavagna.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La investigación en el ARI corrió por cuenta del diputado Adrián Pérez, quien le apuntó directamente a la posible responsabilidad que pudieron tener «durante la gestión del ex ministro Roberto Lavagna, los funcionarios que actuaron en representación del Estado nacional, integrantes de la Secretaría Legal, a cargo de Eduardo Pérez, y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Yolanda Eggink», quienes «desplegaron una conducta más que sospechosa y en claro perjuicio de los intereses estatales», reza la denuncia.
Esa etapa del proceso figuraba ya en la denuncia que Alejandra Taddei presentó por orden de Felisa Miceli como consecuencia de la resolución de la ministra que ordenó declarar nulo todo lo actuado en sede administrativa, después de una investigación en su cartera. Pero nunca se habló directamente de cohecho. Fue Elisa Carrió quien lo mencionó hace una semana. Ese fue el resultado del primer escándalo: cuando un proyecto de la propia Miceli fue frenado en el Senado por sospecharse que escondía un intento de pago a los Greco.
Cambio de rumbo
El problema con los funcionarios de Lavagna fue que precisamente en esa época cambió de rumbo la causa seguida por los Greco contra el Estado por ejecución del acuerdo firmado con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987.
«Desandando la sostenida tarea defensista llevada adelante en dicho expediente, injustificadamente, quienes debían velar por los intereses del Estado nacional consintieron una sentencia judicial errónea y perjudicial», dice la denuncia que presentará hoy Pérez. «Con el consejo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Providencia DAGJ 6.231/05, los representantes del Estado nacional se abstuvieron de apelar tal resolución, quedando firme la misma y por tal ejecutable la suma de más de trescientos millones de pesos, sucesos que permiten sospechar que pudieron existir funcionarios corrompidos a cambio de hacer tamaño 'favor'.»
Por primera vez, entonces, se habla en la denuncia de un supuesto soborno y se agregan los nombres de los supuestos responsables, no por el último tramo del proceso, cuando estalló en el Senado un escándalo que Miceli aún niega, sino por el momento en que los Greco se aseguraron en la causa que sus derechos para ejecutar al Estado quedaran reconocidos.
Dejá tu comentario