Un juez de la Capital Federal ordenó ayer que los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires se bajen el sueldo, hasta $ 5.500. A esa medida judicial contra los integrantes del organismo, se agregó que, anoche, legisladores porteños terminaban de redactar el pedido de juicio político contra seis de los nueve consejeros (exceptúan a los representantes de los jueces). Sería la primera vez que la Legislatura encara una medida de ese tipo, en la que estrenaría sala acusadora y de enjuiciamiento.
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Una ley impone a los consejeros un tope de sueldo equivalente al de un legislador porteño, es decir, $ 6.443 brutos, pero los funcionarios de la Magistratura llegan a percibir más de $ 10.000 en algunos casos, que han justificado como adicionales diversos ante los diputados que les requirieron el dato en una de las reuniones de debate del Presupuesto 2005.
A esa situación los legisladores le sumaron un fallo judicial a favor de las quejas de magistrados por las condiciones precarias de su lugar de trabajo en el edificio del barrio de Palermo y las sospechas de trabajadores fantasma en el organismo, además del nombramiento en planta permanente de un plantel de empleados que teóricamente debía ser designado por concurso. Los consejeros pedían $ 30 millones más de partida en el Presupuesto 2005 y así arrancó la discusión en la Legislatura de la Ciudad, cuando fueron a rendir cuentas en las rondas de discusión de las cuentas para el año próximo.
• Cuestionamientos
Diputados de la mayoría de los bloques acompañarían el pedido que elaboraron los macristas Jorge Enríquez y Helio Rebot, y también de la izquierda, la legisladora Beatriz Baltroc, en función de las irregularidades que consideran han cometido en la Magistratura.
La izquierda cuestiona la existencia misma del Consejo porque considera que los jueves «tienen que elegirse por el voto popular», según Vilma Ripoll. Por otra parte, los tres consejeros que representan a la Legislatura, al parecer, padecen una crisis de abandono político. Esto sucede al menos en el caso del titular León Rosenfeld, quien reemplazó a Fleitas Ortiz de Rozas cuando éste renunció para integrar el Ministerio de Justicia de la Nación que manejaba Gustavo Béliz. El acuerdo legislativo nombró a ese consejero a propuesta de aliados del kirchnerismo, mientras otro de los miembros del Consejo, Juan De Stéfano, surgió por acuerdo con el radicalismo, hoy inexistente con un solo legislador en el recinto. La otra consejera, Bettina Castorino, llegó a propuesta del oficialismo local. Los kirchneristas quieren exceptuar a Rosenfeld del pedido de juicio político por considerar que es nuevo en el cargo y que las presuntas irregularidades provienen de gestiones anteriores.
Por esas diferencias, el pedido de juicio político se hará individualmente para cada uno de los tres consejeros representantes del Colegio de Abogados y para cada uno de los tres representantes de la Legislatura. La resolución de esa medida se aprueba con mayoría simple en el recinto y luego se pone en marcha el funcionamiento de una comisión acusadora de 45 diputados.
Por otra parte, el juez Roberto Gallardo, del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar de Carlos March (Poder Ciudadano) en función de la ley que iguala los honorarios de los consejeros con los de los diputados porteños. El magistrado resolvió que «hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones y la misma quede firme», los funcionarios deberán percibir «compensaciones netas mensuales que no excedan la previsión legal, que conforme lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Legislatura, es al día de la fecha de $ 5.500».
• Apelación
La cuestión de fondo la resolverá la jueza Patricia López Vergara, quien por encontrarse de licencia ayer, fue reemplazada por Gallardo. Los consejeros pueden apelar la medida ante la Cámara, pero mientras se resuelve igual cobrarán hasta la mitad de lo que actualmente perciben, en el caso de Rosenfeld, o unos $ 2.000 menos en el caso de los que menos cobran, como Castorino.
Oficialmente, el Consejo de la Magistratura no quiso emitir opinión hasta que no esté firme el pedido de juicio político y hasta conocer la medida judicial que les rebaja los salarios.
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