Juicios contra Cavallo por "plan freezer"

Varias denuncias recibió en su contra ayer Domingo Cavallo por haber firmado la Resolución 850/01 -adelantada por Ambito Financiero- que obliga a los bancos a comunicar previamente al Ministerio de Economía antes de acatar las resoluciones judiciales que exigen se liberen de inmediato los pagos en efectivo que fueron restringidos por el gobierno. Las acusaciones contra el ministro van desde «abuso de autoridad» hasta «violación de los deberes de funcionario público» y fueron formuladas por un abanico que cubre desde los diputados frepasistas como Alicia Castro y Alfredo Villalba (Frente para el Cambio) y Mario Cafiero y Graciela Ocaña (ARI) hasta Héctor Recalde -el abogado laboralista de Hugo Moyano- y su colega Juan María Aber Cobo, que supo comulgar con el gobierno de Juan Carlos Onganía.

Sin embargo, anoche, ocurrió un hecho sintomático en un procedimiento en el BBV Banco Francés debido a la exigencia de una persona con parálisis múltiples de retirar la totalidad de sus fondos bajo el amparo de una resolución judicial. Ante la intimación del juez de llegar a detener y, eventualmente, denunciar al gerente bancario para que se efectivice el pago, el Ministerio de Economía comunicó que no apelará esa resolución y aceptó el procedimiento. Lo que no quedó claro fue si el desistimiento fue sólo para ese caso puntual o para la totalidad de las intimaciones judiciales que ayer volvieron a producirse no sólo en la Capital Federal, sino también en todo el país. Anoche, esta decisión de Economía era motivo de análisis y comentario en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

La prohibición de Cavallo a los bancos trató de frenar la ofensiva judicial que pone en peligro la estrategia del gobierno de evitar la fuga de depósitos que motivó el dictado del Decreto 1.570/01. Precisamente ayer, el Banco Central comunicó oficialmente a las entidades del sistema la entrada en vigencia de las disposiciones de la resolución mencionada que obliga a remitir la información a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía en un plazo perentorio. De esa manera, el aparato legal de Cavallo a cargo del abogado Alfredo Castañón podrá apelar ante instancias superiores, algo que -hasta ayer, también- seguía siendo ante las cámaras y no ante la Corte, como establece la Ley de Emergencia.

El tema no pasó inadvertido en el máximo tribunal que lo trató de manera informal durante el acuerdo de la mañana e, incluso, uno de los ministros llegó a proponer el «per saltum» que luego se desechó. Sin embargo, hasta se conversó sobre la posibilidad de estar preparados para un acuerdo extraordinario antes de fin de año o durante la feria.

Los abogados del Banco de Neuquén SA apelaron ayer el fallo de Argüelles que disponía el pago íntegro de todos los empleados y obreros municipales, provinciales y privados que vivan en jurisdicción de la capital provincial. Esta decisión ponía en estado de colapso al banco provincial que trata de cumplir a rajatabla con el encuadramiento que dispuso el Banco Central y la política de saneamiento financiero que lleva adelante el gobernador Jorge Sobisch. Precisamente, el presidente del BPN SA, Luis Manganaro, se refugió en las disposiciones de Cavallo para salvar al banco, y esos argumentos fueron expuestos ante la Cámara Federal Penal de General Roca.