La Corte propone bono para San Luis

La Corte le dio ayer 10 días de plazo al Banco de la Nación -se incluye al Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro- y al gobierno de San Luis para que resuelvan la negociación por la retención de 237 millones de pesos o dólares -según la parte- que los mantiene enfrentados en un juicio originario ante el máximo tribunal. Si ello no llegara a ocurrir -las posiciones se mantienen muy distantes-, la Corte decidirá dictar sentencia que comprende dos etapas: la primera consiste en resolver en el corto plazo la medida cautelar que interpuso la gobernación puntana encabezada por la gobernadora Alicia Le mme, aunque el verdadero poder en las sombras lo ejerce el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, duramente enfrentado con Eduardo Duhalde; la segunda será decidir sobre la cuestión de fondo, aunque, para ello, no tiene plazos.

De todos modos, de apuro, porque no existía un criterio profundo, la mayoría de la Corte, a propuesta de Eduardo Moliné O'Connor, a la que adhirió Julio Nazareno -el riojano se mostró propenso a que se arribe a cualquier acuerdo-, les planteó a Eduardo Pérez -secretario de Legal y Técnica de Roberto Lavagna- y a Rubén Citara -procurador del Tesoro-, por un lado y a Alberto Rodríguez Saá (jefe de Gabinete y mano derecha de su hermano Adolfo), José Samper (fiscal de Estado de San Luis) y Lemme, por el otro, lo siguiente: a) devolver en pesos a la cotización de $ 1,40 por dólar lo que requieran las imputaciones presupuestarias para éste y el próximo ejercicio; b) por el resto, la entrega de un bono dolarizado por 10 años, aunque no definió si el plazo comienza a correr desde ahora o dentro de dos años, cuando se cumpla la primera parte del posible acuerdo.

• Límite jurídico

También la Corte decidió acercar el minucioso trabajo que realizó Adolfo Vázquez -ya publicado por este diario-, en el que sintetiza que la devolución debe realizarse en valores constantes para no vulnerar el artículo 17 de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad. Esta cláusula constitucional constituye, por otro lado, el límite jurídico a la que se someterá la Corte, y así la mayoría del tribunal lo dejó expresamente resuelto cuando se pronunció en el «caso Smith» que declaró inconstitucional el «corralito» financiero. Precisamente esa decisión de la Corte fue la que desencadenó el mecanismo del juicio político, cuyo primer dictamen por parte de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados se conoció ayer. Este juicio también actúa como condicionante sobre los máximos jueces para resolver la retención de los depósitos bancarios y, al mismo tiempo, evitar que continúe la grave sangría que afecta el sistema.

Pese al nuevo plazo que concedió la Corte, no se cree en Tribunales que las partes acerquen posiciones. Para ello, se tiene en cuenta que San Luis está empeñada en obtener la devolución en dólares al tipo de cambio en el mercado regulado por el Banco Central, mientras que Nación se empecina en reintegrar el monto en pesos y de acuerdo con el esquema que regirá para el resto de los ahorristas. Además, Citará cizañó con el argumento de que el dinero retenido a San Luis es producto de la coparticipación federal, por lo que el depósito original fue hecho en pesos y que su dolarización sólo fue producto de un asiento contable, pero nunca la provincia hizo un depósito en billete dólar físico. Esto -a criterio del abogado del Estado- le quita legitimidad a la pretensión de Rodríguez Saá-Lemme de cobrar en dólares, debiendo conformarse con la pesificación a $ 1,40, con lo que ya constituye demasiado premio.