Lenicov visitará la Corte: busca apoyo

El gobierno insistirá en pedirle a la Corte apoyo a las medidas económicas que viene implementando, pese a los variados intentos de remover parcial o totalmente al máximo tribunal. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, visitará el martes próximo a las 16 a todos los ministros que ese día se han juramentado que estarán en Buenos Aires pese a la feria judicial. Ayer, la Corte envió una segunda señal de respaldo al plan económico al incorporar a su fallo del pasado martes más de 200 expedientes que habían llegado por «per saltum» con recursos de amparo en favor de ahorristas que quieren saltar el «corralito» financiero. En realidad, se sostiene que sólo se trata de avalar la Ley de Emergencia Económica aprobada por el Congreso, que fue el instrumento legal que ratificó al Decreto 1.570/01 de Necesidad y Urgencia, otorgándole validez constitucional.

• Corsé jurídico

Esta norma administrativa encorsetó jurídicamente al gobierno y puso a la Corte en un dilema de hierro: si respeta el derecho individual a la propiedad y libre disposición de los tenedores de plazos fijos, cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros activos financieros, pone en estado de quebranto a los bancos; si opta por salvar al sistema bancario que no puede devolver masivamente todos los depósitos reclamados por los clientes, afecta garantías constitucionales. En ese difícil equilibrio debe moverse la Corte, por lo que sus miembros se esfuerzan por aclarar que la reciente disposición sólo frena las medidas cautelares de modo transitorio, pero sin entrar en el fondo de la cuestión.

En el cuarto piso se razona que es indudable que desde la primera instancia, los jueces limitados por su visión juricista del problema han resuelto acordar los amparos en resguardo de derechos adquiridos. Pero no tienen por qué hacerlo, pese a que en Tribunales existen abogados que sostienen que un juez no puede resolver en el ascéptico marco de su despacho cuando se trata de resoluciones que afectan al resto de la sociedad. No han contemplado el problema en su conjunto, dicen. En resguardo del bien colectivo, la Corte limitó provisoriamente el derecho individual para preservar el contrato social, seriamente comprometido. Desde esa óptica, la Corte aguanta las presiones; las acusaciones y los cacerolazos.

De todos modos, algunos jueces de primera instancia, como Margarita Argüelles de Neuquén, están analizando excepcionalidades a la rígida restricción de los depósitos, y después del fallo de la Corte, buscan amparar casos de emergencia colectiva, como puede ser la necesidad de hospitales y clínicas.

También podría aplicarse sobre casos extremos de orden individual. Sobre este punto, la Corte no se ha pronunciado porque no tiene en sus manos ningún expediente específico, y en ese Tribunal se aclaró que no se pronuncia sobre cuestiones en abstractos.

Cuando se produzca el fallo, el Tribunal los analizará en forma particular porque puede tener una fundamentación realmente distinta de las que tuvieron todos estos planteos judiciales de recuperación de depósitos.

También la Corte tendrá que investigar por sus facultades de superintendencia -se dice en los Tribunales- la conducta de determinados jueces que, si bien hacen uso de su derecho de reclamar judicialmente por derechos conculcados, el procedimiento utilizado no dejó bien parado al Poder Judicial en su conjunto. Se trata de aquellos magistrados que abusaron de su condición de jueces y compulsivamente retiraron sumas abultadas desde los bancos. Estos casos serían tratados apenas termine la feria por el Consejo de la Magistratura, según prometió un indignado legislador oficialista.

Además, en el Acuerdo Extraordinario de ayer -presentes: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Adolfo Vázquez; ausentes por enfermedad: Carlos Fayt y Gustavo Bossert, y ausente por vacaciones: Enrique Petracchi- le dio otro apoyo a Eduardo Duhalde, aunque por la vía indirecta: desestimó un pedido de nulidad del abogado Pedro Prada Errecart de la Asamblea Legislativa que lo ungió presidente hasta 2003, con lo que por la negativa le dio legitimidad institucional al Presidente designado. Por su apoyo a las medidas del gobierno, unas 2.000 personas -cacerolazo mediante- pidieron la renuncia de la Corte, y otro abogado -José María Estévez Cambra- presentó una denuncia penal contra 6 de ellos que recayó en el juzgado del cuestionado Jorge Urso, pero que está siendo subrogado por Norberto Oyarbide. La acusación es por presunto prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.