La Audiencia Nacional de España puso en libertad anoche al marino retirado Ricardo Cavallo. El alto tribunal esperaba que el juez federal Sergio Torres, responsable de la megacausa de la ESMA enviara el pedido de extradición antes de que se cumpliera el plazo de 40 días que había otorgado a la Justicia Federal argentina para que solicitara la extradición. El expediente no llegó a tiempo probablemente por la burocracia que requiere de la participación de la Cancillería como intermediaria en el envío de los documentos de la Justicia. El plazo de 40 días concedido por la Justicia española guardaba relación con la finalización del término de la prisión preventiva, los magistrados de la Audiencia Nacional fueron terminantes, comunicaron a Torres que si el pedido de extradición no se concretaba ellos procederían a liberar al encausado, y lo cumplieron. Cavallo fue notificado ayer por los magistrados del alto tribunal. La noticia llegó por canales discretos a las autoridades de la Armada y, entre caras de pánico y sorpresa, el secretario general de la fuerza, contraalmirante Adalberto Allovero convocó a una reunión de urgencia.
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La especie se trasladó como el rayo al almirante Jorge Godoy y se descarta que el jefe naval-hizo lo propio con la ministrade Defensa, Nilda Garré. Se sabe que Cavallo habría partido de Madrid pero se desconoce el destino.
Incompetencia
Se llegó a esta situación porque la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se había declarado no competente para juzgar al marino, preso en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México. Remitió después las actuaciones a la Argentina porque entendía que ya existe un proceso abierto en el país: la megacausa de la ESMA y que se lo investiga por los mismos delitos imputados en el expedientede España. El juez federal-Torres pasaba su licencia por la feria judicial entre las noticias acerca de las ampliaciones de los imputados ( Alfredo Astiz, Antonio Pernías y otros) en un apéndice de la causa ESMA sobre el secuestro de las monjas francesas y ahora le cayó la brasa calientede la libertad que se concedió al capitán Cavallo. ¿ Retomará las actuaciones o dejará que el juez Norberto Oyarbide, subrogante, asimile los impactos del enojo que provocará la medida en los sectores de derechos humanos del país? Inexplicable lo de Torres, tenía la presión del gobierno desde que Néstor Kirchner exigió a la Justicia celeridad en la ejecución de los procesos abiertos por delitos contra los derechos humanos.
Cavallo había hecho valer la condición de oficial retirado -por nota-ante Nilda Garré con el objeto de que el gobierno tomara injerencia en la extradición al país. Más que un tema de justicia lo de Cavallo en Madrid significaba dinero. La condena de la Audiencia Nacional hubiera abierto el camino a resarcimientos a familiares españoles tras los cuales estaba el letrado Carlos Slepoy. El fundamento de la resolución de la Audiencia Nacional para declinar su jurisdicción y proceder a la liberación de Cavallo no fue otro que el del principio de territorialidad -tiene prioridad la Justicia nacional del ciudadano, en hechos cometidos en el paísque tantas veces pidió al juez Torres, Oscar Cavallo, padre y apoderado del marino que estaba detenido en España. El juez Baltasar Garzón fue quien dictó el auto de procesamiento contra Cavallo en agosto de 2000 luego de ser encarcelado en México previo a su extradición a España. En ese escrito se afirmaba que Cavallo había pertenecido a los grupos operativos de la ESMA en la que desaparecieron o fueron ejecutadas 227 personas y otras 110 fueron secuestradas y liberadas tras colaborar delatando a compañeros integrantes de la agrupación terrorista Montoneros.
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