Mandan detener a "Isabelita" por la Triple A

Judiciales

Era inevitable que la zambullida en el túnel del tiempo que promueve el gobierno desde 2003 terminase con el peronismo mordiéndose la cola. Llega a los Perón la investigación de las atrocidades de la Triple A; un juez de Mendoza ya pidió la captura de «Isabel» Martínez, presidenta democrática en 1974 y del mismo partido que gobierna el país con Néstor Kirchner. La acusan de ser responsable de los crímenes de la banda parapolicial Triple A, que la Justicia considera delitos imprescriptibles. Se salva Juan Perón porque murió hace 32 años; no así otros que fueron funcionarios de su gabinete y aún hoy tienen actuación, como Carlos Ruckauf (diputado oficialista) o Antonio Cafiero. Paradojas: también un perseguido de aquella época como Carlos Bettini es hoy embajador en España, pero actuó antes como defensor de «Isabelita», aunque en causas privadas. Estos ajustes de cuentas a lo largo del tiempo prolongan la infamia de un pasado que una dirigencia adolescente no encuentra la manera de superar. Lo impiden la magnitud de aquel horror, pero también la miopía de quienes fuerzan al país a mirarse en blanco y negro, a veces salpicado con rojo sangre. Hoy damos la segunda entrega de la «La historia completa de la Triple A», con más revelaciones sobre cómo actuó ese grupo.

Un juez de Mendoza ordenó ayer la captura internacional de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, en una investigación del caso de un desaparecido en el gobierno democrático, en 1976, poco antes del golpe militar.

A «Isabel» Perón se la acusa del presunto secuestro y posterior desaparición de un ex empleado de Rentas en la provincia de Mendoza, Héctor Fagetti Gallego, en un expediente en el cual están imputados Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.

La causa la lleva el juez federal de San Rafael, provincia de Mendoza, Raúl Acosta, y es paralela a la que sigue en Buenos Aires, Norberto Oyarbide, quien también ayer ordenó detenciones (Ver nota aparte), en el marco de la investigación de los crímenes, considerados de lesa humanidad, que llevó a cabo la Triple A, organización paramilitar que actuó durante el último gobierno de Juan Domingo Perón.

Oyarbide viene avanzando en el expediente y esta semana aseguró que no descartaba la citación a Martínez de Perón, como tampoco a Ruckauf y Cafiero. Pero ahora, «Isabel» deberá ser detenida y una vez que Interpol comunique la captura será el juez Acosta el que inicie los trámites para la extradición.

La ex presidenta tiene ya 75 años y reside en Madrid desde que debió dejar la Argentina una vez liberada por el gobierno militar que la derrocó en 1976.

Acosta emitió ayer el pedido de captura internacional, girado a la Policía Federal, que deberá cursarlo a Interpol para que se concrete la detención de la tercera esposa de Perón.

  • Informes

    Héctor Fagetti Gallego fue detenido el 25 de febrero de 1976 y figura como liberado el 10 de marzo de ese año, es decir, días antes del golpe militar del 24 de marzo, pero nunca apareció.

    El magistrado viene investigando el hecho y lo vincula a los decretos que en 1975 dispusieron «ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los de efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país». Por eso el juez ordenó en noviembre pasado que se le provean los datos de identificación de la cúpula del gobierno de María Estela Martínez.

    Los informes que requirió se relacionan con la ex mandataria, quien sucedió a Juan Domingo Perón tras su muerte en julio de 1974, y entre otros ex funcionarios, los entonces ministros Ruckauf, Cafiero y al ex presidente provisional del Senado, Italo Luder.

    Acosta sostiene en el expediente que Fagetti Gallego el 10 de marzo de 1976 «desapareció definitivamente». El juez explicó, sobre el pedido de detención de Isabel Perón, que «la detención está ordenada desde hace dos o tres meses, pero faltaban algunos datos para poder concretar el pedido de captura internacional».

    El magistrado dijo en emisiones radiales, que la requisitoria se basa en dos casos en el marco de tres decretos -los números 2072/1/2- firmados durante el gobierno de «Isabel» en los cuales se establecía el «aniquilamiento» de la subversión.

    «Uno de los casos» -continuó el juez-«ocurrió el 25 de febrero del 76, cuando una persona fue detenida por el Ejército y la Policía de Mendoza. Luego se simuló su liberación y está desaparecida desde el 10 de marzo de 1976».

    El juez federal explicó que «la otra causa es por detención de un menor que fue torturado y remitido a una cárcel de mayores, cuando la ley de minoridad del momento lo prohibía explícitamente».

    Acosta aclaró que «tanto Cafiero como Ruckauf están imputados en la misma causa».

    «Cafiero obtuvo la eximición de prisión, mientras Ruckauf presentó el mismo pedido que le fue rechazado. Lo voy a citar a indagatoria, pero no se lo puede arrestar por sus fueros de legislador», anticipó el magistrado.

    Acosta dijo que si bien Martínez de Perón no firmó los decretos, «los habría ejecutado» en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

    Los decretos fueron firmados por Luder, quien como presidente provisional del Senado ejercía el Poder Ejecutivo por una licencia que había tomado «Isabel» Perón, y refrendados por sus ministros.

    Consultado acerca de si en la misma causa está imputado Luder, el magistrado sostuvo que «es imposible que declare, porque si bien está vivo, padece un problema mental avanzado que le impediría prestar declaración».

    Anoche, el abogado de «Isabel» Perón, Atilio Neira negó la responsabilidad que se le imputa a su clienta, y dijo que «hay muchas cuestiones que resolver, vinculadas a cómo es la legislación en España.
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