Otra incongruencia de nueva Corte: indemnizar a exiliados

Volvió la Corte Suprema a mostrarse incongruente por la ansiedad de exhibirse como proclive a los intereses del gobierno. Ayer, falló a favor de los exiliados políticos durante la dictadura militar y les reconoció el derecho a recibir una indemnización por parte del Estado similar a la que ya percibieron los ex detenidos, hijos y familiares de desaparecidos durante esa época. En la década del '90, Carlos Menem destinó alrededor de 900 millones de dólares para realizar esa reparación.El gobierno de Kirchner ya había asumido el compromiso ante la Comisión de Exiliados Políticos, a la que le prometió, también, cambiar la ley de ciudadanía para todos los hijos de padres argentinos en esa condición. La decisión del supremo tribunal sorprendió, porque son pocos los países que reconocen que el exilio, el asilo o el refugio político tienen que ser indemnizados, sobre todo, cuando se llevan 20 años del regreso de la democracia. La Corte se pronunció, sin embargo, al aceptar un planteo de Susana Yofre de Vaca Narvaja, quien se exilió en México junto con su grupo familiar integrado por 26 personas, alegando persecución política y que sus vidas corrían peligro. Ahora, quienes se encuentren en una situación similar podrán realizar idéntico planteo, aunque tendrán que probar que su exilio fue forzado. Son, según un cálculo preliminar, cerca de 500 mil potenciales beneficiarios.

Carlos Saúl Menem

En otro fallo que no tiene lógica política, la Corte Suprema de Justicia abrió las puertas a la indemnización a exiliados.

En su acuerdo ordinario de ayer reconoció a los exiliados durante la última dictadura militar el derecho a recibir una indemnización por parte del Estado, similar a la que ya percibieron los ex detenidos, hijos y familiares de desaparecidos durante esa etapa.

Sorprendió que el Tribunal haya dicho que se debe pagar el exilio a 25 años del retorno de la democracia. La historia de las reparaciones universales reconoció la indemnización para el asilo, el refugio o el exilio en casos muy graves como Alemania, aunque hace poco Chile se sumó a esta política con algún tipo de compensación.

Algunos miembros del Supremo Tribunal se encargaron de indicar que el fallo de ayer «no puede ser generalizado» y que se trató de «un caso excepcional» porque «hubo persecución política y peligro de vida». No obstante, se estiman que unas 500 mil personas (tomadas por grupo familiar) podrían acogerse a este fallo, aunque deberán probar que su vida y libertad estuvo en peligro.

La Corte -de esta forma- volvió a mostrarse en sintonía con el interés del gobierno, que ya había hecho conocer a la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (COEPRA) su compromiso de indemnizarlos. El proyecto del gobierno contempla también cambiar la ley de ciudadanía para todos los hijos de padres argentinos, además de solucionar temas como aportes previsionales y títulos adquiridos en otros países.

Los jueces supremos se pronunciaron a favor de la indemnización del exilio, al hacer lugar al planteo de SusanaYofre de Vaca Narvaja, quien debió abandonar el país rumbo a México durante la dictadura militar.

Según voceros de la Corte, la demandante «nunca estuvo privada de su libertad, ni legal ni ilegalmente, y para evitar correr la suerte de su esposo y su hijo pidió asilo en la embajada mexicana».

• Rechazo

En 2000, durante la gestión presidencial de Fernando de la Rúa, el reclamo de una indemnización por parte de Vaca Narvaja había sido rechazado por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, postura que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

No obstante, el procurador general interino, Luis González Warcalde, adhirió a la solicitud de la mujer al ser consultado por la Corte, bajo el argumento de que el abandono de la Argentina no había sido voluntario sino «la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado».

Las fuentes recordaron que los fallos del máximo tribunal se refieren a cada caso en particular, por lo que quienes se encuentren en la misma situación de Yofre de Vaca Narvaja, deberán efectuar su petición ante las dependencias estatales correspondientes.

Hasta la reunión de ayer, el alto tribunal había admitido recursos a quienes dejaron el país tras haber estado presos a disposición del Poder Ejecutivo, pero nunca había fallado sobre un caso de «exilio puro», como es este expediente.

Durante la gestión de Carlos Menem, el Estado pagó cerca de 900 millones de dólares a presos políticos y familiares de desaparecidos durante la dictadura militar.

Aunque también hubo casos, que si bien no fueron considerados como «exilio», se les reconoció el estatus de refugiados políticos. Así ocurrió con Juan Manuel Abal Medina y Héctor J. Cámpora, presos en la Embajada de México.

Este tipo de indemnización también la cobraron el ahora procurador general Esteban Righi, Jorge Taiana, Carlos Menem, Carlos Ruckauf y otros dirigentes políticos que sufrieron detención.