Parálisis judicial: intentan que jueces esperen en el banco

Alberto Iribarne

Para salir del atolladero que le provocó el fallo de la Corte Suprema que anuló la designación de jueces subrogantes, el gobierno planea crear un «banco de jueces» que le permitirá cubrir las vacantes que existen en el Poder Judicial y evitar el «colapso» del área.

Los encargados de armar la ingeniería legal se debaten entre crear un modelo autóctono o emular uno puesto en práctica en España, que ha dado buenos resultados.

El estilo criollo prevé un trámite abreviado, sin concurso, para cubrir vacantes por más de 90 días. El juez propuesto debe haber sido seleccionado por el Consejo de la Magistratura y nombrado por el Poder Ejecutivo, con el visto bueno del Senado.

La terna de candidatos deberá ser remitida con una lista complementaria con los nombres de otros tres posibles aspirantes. Incluye a jueces jubilados, secretarios de los juzgados y abogados de la matrícula.

Como el Ejecutivo elegirá sólo a uno de la terna principal, los otros cinco quedarán en el banco de suplentes en espera de ser convocados para cubrir algunas de las 153 vacantes que hoy existen en la Justicia. El proyecto prevé, además, un mecanismo de remoción. El «despido» deberá ser reglado por el Consejo de la Magistratura.

La idea ya le fue susurrada al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y será ingresada por la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para que tenga un rápido trámite parlamentario.

La designación de jueces subrogantes fue implementada por el Consejo como una solución temporal al elevado número de cargos vacantes en los tribunales. Sin embargo, el sistema se desnaturalizó: 25% de los juzgados del país está siendo ocupado por jueces subrogantes.

La Corte Suprema lo declaróinconstitucional y llamó al gobierno y al Congreso a cubrir los cargos vacantes mediante un procedimiento «constitucionalmente válido» que deberá dictarse en el plazo máximo de un año.

Con todo, la Corte declaró válidas las resoluciones adoptadas en el ejercicio transitorio del cargo de juez y dispuso mantener en funciones a los magistrados de facto que actualmente se encuentran al frente de tribunales vacantes por decisión del Consejo.

Contradicción

El fallo estuvo en contradicción con el dictamen del procurador Esteban Righi, quien se había pronunciado por la constitucionalidad del sistema de designaciones y de las sentencias de estos jueces suplentes.

«No aparece como un argumento suficiente para sostener la inconstitucionalidad del sistema el hecho de que carezcan de nombramiento por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado», sostuvo Righi en su dictamen.

De esta manera, el procurador deslizó que considerar inconstitucional a los jueces subrogantes podría derivar en un colapso del servicio de Justicia en la Argentina y «la paralización de la administración de justicia con consecuencias gravísimas para la salud de la República».

Precisamente, el procurador es uno de los que ha expuesto sobre un modelo ajeno a la tradición argentina, pero que contribuiría a salir de la crisis. Por lo menos, en una etapa experimental.

La idea fue tomada de España, que tiene por costumbre nombrar jueces por concurso, pero sin designarlos en un puesto específico. En rigor, forman parte de «un cuerpo de abogados» (símil al de diplomáticos o profesores universitarios) que luego van ascendiendo de acuerdo con un escalafón o moviéndose de acuerdo con los traslados.

Al ser España un país de dimensiones menores que la Argentina, la práctica es posible, y es común que un abogado ascendido a juez se traslade de una ciudad a otra para cubrir la vacante de un juzgado. La discusión no está cerrada. Por lo pronto, el Ministerio de Justicia envió hace una semana 21 de las 81 ternas que tiene en su poder para el nombramiento de jueces.