Pese al cambio, Rohm depende aún del juez

Otro ejemplo que marca hasta dónde jugará la interpretación de los jueces en casos resonantes es la causa que tiene María Servini de Cubría contra los hermanos Jorge y Carlos Rohm, accionistas del Banco General de Negocios (BGN). La jueza podría calificar como presunta defraudación más asociación ilícita y eso impediría la excarcelación de los imputados durante toda la etapa de la instrucción
Escribe Hugo Morales

Pese a la derogación ayer del delito de «subversión económica», igualmente seguirán vigentes otras figuras penales que podrían evitar la excarcelación de cualquier detenido por la aplicación de la norma derogada, quedando al arbitrio del juez de la causa la aplicación de la norma más benigna. En derecho penal, se usa la figura de «la tipicidad remanente». Significa que si del código se sacara la penalización del robo seguiría existiendo la calificación de hurto al que si suma la violencia tiene la misma característica del robo.

Otro ejemplo que marca hasta dónde jugará la interpretación de los jueces en casos resonantes es la causa que tiene María Servini de Cubría contra los hermanos Jorge y Carlos Rohm, accionistas del Banco General de Negocios (BGN). La jueza podría calificar como presunta defraudación más asociación ilícita y eso impediría la excarcelación de los imputados durante toda la etapa de la instrucción. De todos modos, los jueces se inclinan a aplicar la ley más benigna: «subversión económica» tiene penas que van desde los 2 a los 6 años mientras que defraudación contempla una pena de 6 meses a 6 años si es que no existen agravantes que levanten el mínimo imponible y obligan a detener preventivamente al acusado.

Para los defensores de la derogación de la norma no se abriría impunidad para los procesados o condenados por «subversión económica» porque los jueces pueden recalificar las conductas. Pero, además, agregan que de esta manera se saca de la discrecionalidad de los jueces la aplicación de una figura penal abierta que atenta contra la moderna jurisprudencia de tipificar definidamente y con precisión la conducta de los acusados por algún delito.

El reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se basa en que en el desarrollo de la actividad económica existe ánimo de lucro y esa ley lo reprime. También se le reprocha que no garantiza la defensa en juicio y, por el contrario, sólo en casos excepcionales logró condenas.

• Opositor

Esta ley fue sancionada en 1974 durante el gobierno constitucional de Isabel Perón para penalizar el apoyo económico hacia las organizaciones terroristas de los años '70. Un caso puntual fue el aporte del banquero David Graiver a los montoneros. Posteriormente durante el Proceso militar del '76 al '83 se ampliaron algunas figuras y se derogó parcialmente durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Los memoriosos del Congreso recuerdan que uno de los legisladores de aquel entonces que se opuso a la ley fue el actual ministro de Justicia, Jorge Vanossi.

Pese a que el Senado de entonces derogó la norma, Diputados restituyó los delitos económicos.

También en el '97 hubo otro intento de derogación por parte del Senado por impulso de los riojanos Eduardo Menem y Bernardo Quinzio, pero la Cámara de Diputados nunca trató la media sanción favorable a la derogación de la Cámara alta. En general el criterio opuesto al mantenimiento de la ley se funda en que contiene aspectos de los códigos penales aplicados durante la vigencia de regímenes totalitarios. Muchos fiscales sostienen que la conducta debe ser tipificada muy rigurosamente en materia penal porque se corre el riesgo de caer en excesos como los ocurridos cuando se aplica una ley de este tipo en el que incluye cualquier tipo de conductas de una manera abstracta y genérica. Ejemplificó con el mal uso judicial que se hizo en casos donde se metió presos a banqueros por esta calificación abierta cuando se podría haber recurrido a otras figuras que contiene el Código Penal. Por eso desde esa óptica no se comprende la posición contraria que han exhibido legisladores y juristas que se enrolan en corrientes progresistas a quienes una ley como la de «subversión económica» que rige actualmente debería preocuparlos por las fallas en materia de derechos humanos que contiene implícitamente la norma ahora derogada.