La Cámara Nacional emitió ayer un fallo que abrirá más polémica: dice que publicitar los padrones electorales consignando a qué partido está afiliado cada ciudadano no viola ninguna garantía constitucional. Desde que el gobierno puso en vigencia nuevas normas electorales que amenazan con colocar en Internet esos datos, la cuestión comenzó a ponerse en el centro del debate. El temor de los críticos de esa medida es que la pertenencia a un partido pueda ser motivo de discriminación, por caso, laboral. Los jueces responden que ser afiliado es una información pública que no puede ocultarse deliberadamente. La réplica es que la tentación hegemónica de los gobiernos argentinos pueda reflotar las viejas prácticas de la afiliación compulsiva, algo que el país conoció en el pasado y que se pensaba que nunca volvería a ocurrir.
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