Procesamiento y alguna prisión a ex agentes

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart se disponía anoche a dictar el procesamiento y prisión preventiva de los siete ex gerentes de Skanska. No obstante, anoche se aventuraba que algunos de los ejecutivos podrían permanecer en libertad.

La desgrabación completa del diálogo que mantuvieron en marzo del año pasado Claudio Corizzo, auditor interno de la multinacional sueca Skanska, y Javier Azcárate, ex gerente comercial, es una de las pruebas que más complica a los ex directivos despedidos.

La otra prueba sería la confesión que hizo la empresa sobre la evasión de 13,4 millones de pesos disimulada en facturas truchas para pagar comisiones indebidas. Esa maniobra se habría realizado a través de 23 empresas falsas que proveyeron 118 facturas por servicios que nunca prestaron.

Según fuentes judiciales, López Biscayart resolvería la situación procesal de Gustavo Vago, ex presidente; Eduardo Varni; Alejandro Gerlero, gerente del proyecto; Javier Azcárate, gerente comercial; Juan Carlos Boss, gerente de operaciones, e Ignacio De Uribelarrea, country manager. A todos les imputaría evasión fiscal agravada. También fijaría posición con respecto al contador Alfredo Greco.

En la otra parte de la investigación -la que está en el fuero federal- existen algunos conflictos. Los jueces federales se resisten a acatar la táctica de la Corte Suprema de separar las causas y no concentrar en un solo magistrado casos que -como el affaire Skanska- interesan sobremanera a la Casa Rosada. El juez Guillermo Montenegro había echado mano a esa estrategia el viernes pasado, cuando decidió denunciar a 12 constructoras que habrían utilizado facturas truchas para justificar salidas irregulares de dinero. La intención es evitar las denominadas « megacausas» que siempre terminan en nada.

La presentación la realizó ante la Cámara Federal que repartió los casos entre seis juzgados federales: María Servini de Cubría, Marcelo Martínez Giorgi, Julio Ercolini, Claudio Bonadío, Octavio Aráoz de Lamadrid y Sergio Torres.

Ayer, tres de los magistrados a los que le tocó investigar decidieron devolverle a Montenegro esos expedientes. Consideraron que la decisión del juez era «demasiado prematura» porque no se evalúo si se trata de un delito penal o tributario. Además, estos jueces son partidarios de que la investigación relacionada con supuestas coimas en la obra pública esté monopolizada por Montenegro.

El conflicto entre jueces obliga a la intervención de la Cámara Federal que deberá decidir si mantiene la vieja doctrina de descargar todo en un único juez o respalda la modalidad de la Corte -adelantada por este diario el viernes pasado- de distribuir entre los distintos juzgados las causas pesadas y pasibles de las presiones gubernamentales.

Las opciones que tiene el Tribunal son tres: declarar la conexidad de los casos denunciados por Montenegro; ordenar que se investiguen de acuerdo con el sorteo, o bien derivarlos al fuero Penal Tributario. Por lo menos, hasta que se determine la existencia de un delito penal.

Quienes ya habrían objetado esa táctica serían Servini de Cubría, Torres y Ercolini. Todos habrían devuelto las denuncias contra empresas constructoras que recibieron el viernes último.

En los considerandos de su decisión deslizaron que antes de desprenderse de las causa Montenegro debería haber realizado alguna « investigación preliminar» respecto de esas denuncias.

Por caso, Servini remitió las tres denuncias contra empresas constructoras que le tocaron en suerte. Lo mismo harían hoy otros jueces como Marcelo Martínez de Giorgi.

El único que marcó la diferencia fue Claudio Bonadío, quien antes de tomar una decisión le pidió opinión a su fiscal Gerardo Pollicita, aunque también se excusaría de entender en las dos denuncias recibidas.

Desprendimiento

Los expedientes que Montenegro envió a la Cámara son un desprendimiento de la causa Skanska, en las que se investiga el pago de coimas a funcionarios por la construcción de dos gasoductos.

Las 12 empresas señaladas por el juez serían clientes de las mismas 23 empresas que entregaron a Skanska las facturas apócrifas con las que se disimulóel pago de «comisiones indebidas», según lo determinó la auditoría interna de la constructora. Montenegro está a cargo de la investigación de supuestos sobornos pagados por Skanska para adjudicarse las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

En esta pesquisa, ya citó a declaración indagatoria al ex titular del Enargas Fulvio Madaro y al ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, además de a los ex directivos de la compañía sueca. Entre las empresas investigadas aparecen Gotti Hermanos, que tiene la mayor parte de obras viales, Emgasud SA, Fontana Nicastro Construcciones SAC, Marcalba SA, Ecsa Construcciones.