Posiblemente hoy el jefe del bloque PJ, Miguel Pichetto, reciba un proyecto de reforma penal que anticipa polémica porque promueve la desaparición de las cámaras de apelación del fuero penal. La idea fue concebida por el procurador general adjunto de la provincia, Luis González Warcalde, con la intención de evitar la proliferación de recursos de apelación y poner límites a la prescripción de causas. Sin embargo, ha puesto nervioso a algunos jueces que ven peligrar su estadía en la Justicia.
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¿Qué pasará con los jueces que hoy tienen una buena cuota de poder en esos tribunales? Pues tendrán una silla en la Cámara de Casación Penal o bien un lugar en los tribunales orales. Las vacantes serán cubiertas por elección voluntaria de los jueces o mediante concurso canalizado por el Consejo de la Magistratura.
González Warcalde ya les anticipó esta idea a algunos miembros de la Corte Suprema. De su existencia saben Eugenio Zaffaroni; el ministro de Justicia, Alberto Iribarne; y el procurador, Esteban Righi, quien fue invitado a participar, pero todavía no dio el sí.
El proyecto -presentado a título personal- deberá alcanzar el acuerdo del Congreso, ya que se trata de una modificación al Código Procesal Penal. La reforma implica:
Limitar los supuestos que permiten la apelación en la etapa preparatoria del juicio, indicando expresamente las resolucionesque serán recurribles en apelación. El uso de este recurso es la manera eficaz que han encontrado los procesados para evitar una condena y lograr que la causa prescriba antes de un fallo judicial. Las cárceles bonaerenses sirven como muestra de la perversidad de este sistema utilizado irracionalmente.
Incrementar el número de tribunales que actuarán como alzada en los casos de apelación y, en la Ciudad de Buenos Aires, de los tribunales orales. Se cumplirá así la orden de la Corte Suprema del cumplimiento de la garantía de la doble instancia.
De esta forma, la Cámara de Casación -máximo tribunal penal del país-triplicará el número de sus salas: de cuatro pasará a tener 13, seis instaladas en Capital Federal y siete en ciudades cabeceras como La Plata, San Martín, provincia de Buenos Aires; Mendoza, Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán y Corrientes.
Cubierta esa capacidad, las cámaras de apelaciones que sobrevivan pasarán a revistar la categoría de tribunales orales (TO) que llenarán -sin desmedro de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicioel rol de tribunal de apelación ordinario.
El esfuerzo que demandará a los tribunales orales, en algunos casos, asumir el rol de tribunal de apelaciones no resultará significativo. Además de fortalecerse en número, en la actualidad existe una merma en sus labores gracias a la implementación del denominado «juicio abreviado» y de la «probation». Por lo menos, así lo indican las estadísticas que tiene la Procuración, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. La creación de más TO vendría a compensar los tiempos difíciles que tendrán los jueces cuando empiecen los juicios a militares por crímenes de lesa humanidad. Por caso, en la Capital Federal la alivianada carga de la apelación ordinaria sería soportada por los 30 tribunales orales en lo criminal correccional, cuyo número se incrementará en cinco, y los tres tribunales orales de menores.
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