El Consejo de la Magistratura aprobó ayer por unanimidad la indagatoria de los camaristas Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori por presunto «mal desempeño» en la causa Cromañón, en la que ordenaron excarcelar al empresario Omar Chabán.
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La decisión, adoptada por la Comisión de Acusación, anotó a los consejeros en una carrera para confeccionar un dictamen antes del 10 de diciembre, fecha en que cinco legisladores abandonarán sus bancas en ese cuerpo colegiado.
La partida de ese grupo de políticos juega y hasta condiciona el futuro de los camaristas.
Cuatro de los que se van -Jorge Casanovas, Juan Mínguez, Leila Chaya y Jorge Yoma- integran la Comisión de Acusación y han tenido una posición bastante definida con respecto al caso Cromañón. Sobre todo el ex ministro de Justicia bonaerense, promotor de la acusación de Bruzzone y Garrigós de Rébori.
El aterrizaje de los nuevos podría modificar ese criterio porque, además de un recambio de nombres o de políticos, significaría un cambio de visión. Sobre todo si es verdad que el staff que desembarcará en el Consejo tendrá como figuras a la hermanísima Vilma Ibarra, a Carlos «Cuto» Moreno (segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica) y a Jorge Taiana.
Es improbable que los kirchneristas, calificados como garantistas, condene a garantistas y que Vilma Ibarra desempeñe un papel acusador cuando está en juego la continuidad de su hermano Aníbal en la gestión del Gobierno porteño.
Con un dejo de preocupación, los familiares de las víctimas de Cromañón han notado que llevar a juicio político a los camaristas puede fracasar si los consejeros no emiten un dictamen acusador antes del 10 de diciembre.
• Explicaciones
El calendario es bastante apretado: el 29 de noviembre, Bruzzone y Garrigós de Rébori -a las 10 y a las 11, respectivamente- tienen que dar explicaciones de un fallo excarcelador que no atendió el hecho de que hubo 194 muertes.
El cronograma obligado indica que el 6 de diciembre tendría que estar el dictamen acusador para someter el caso a la votación del plenario del Consejo el 8, día habitual de reunión.
Pero ocurre que ese día es feriado y el 10 es sábado. De producirse una votación, irremediablemente tendría que ser el viernes 9.
Es la pretensión de máxima que, sin embargo, es demasiado frágil. Puede ocurrir que alguno de los jueces acusados se enferme y pida una postergación de la indagatoria por una o dos semanas. Ese simple movimiento privaría a Casanovas, Chaya, Yoma y Mínguez de irse cerrando una acusación contra los jueces del caso Cromañón y les otorgaría a los camaristas la posibilidad de salir indemnes del proceso abierto en su contra.
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