Riachuelo: Corte puso plazo para ampliar informes de saneamiento

Judiciales

Puede que la solución a la contaminación del Riachuelo no llegue nunca. Pero, al menos, habrá valido el esfuerzo de generar el debate. Porque además de la buena voluntad de la Corte Suprema para terminar con el problema socioambiental más crítico de la Argentina se necesita decisión política, muchos millones de dólares en inversión y reeducación para evitar que cientos de familias vuelvan a asentarse sobre la ribera del río que conforma la cuenca Matanza-Riachuelo.

La importancia del caso habría que medirla en la ocupación plena de las dos salas que la Corte dispuso para seguir la audiencia pública. Incluso hubo personas en los pasillos que estuvieron atentas a la transmisión por un canal de circuito cerrado de la exposición que realizaron organizaciones no gubernamentales y representantes de las empresas involucradas.

Una síntesis de lo ocurrido ayer es que la Corte otorgó un plazo de 10 días para que los involucrados amplíen los informes sobre el saneamiento del Riachuelo. Y que las empresas demandas negaron que provoquen efectos nocivos en el medio ambiente. Fue lo que dijeron: Antivari, SACI, Curtiduría Gaita SRL, Orvol y Shell Capsa.

Forman parte de las 44 firmas que fueron demandadas ante la Corte por un grupo de vecinos que habitan en la zona de la cuenca del Matanza-Riachuelo y culpan a esas compañías por la contaminación ambiental. Sin embargo, son casi 3.000 las empresas ubicadas en la zona ribereña que producen contaminación a lo largo de la cuenca, en mayor grado en la parte baja y media y en menor en la desembocadura.

«No produce daño ni contaminación alguna»; «la actividad es ajena a la problemática» que se debate en la audiencia y «no es causante ni en una mínima fracción de los males de la cuenca hídrica». Estas fueron algunas de las expresiones que repitieron los abogados de esos establecimientos.

Alguna razón tienen las empresas.Porque -como demostró la petrolera Shell- no es lógico que un asentamiento humano como la Villa Inflamable esté ubicado en un área que ha sido destinada al desarrollo de un polo industrial y que los gobiernos no hayan promovido alguna medida para reubicar a esos habitantes, muchos de ellos empujados por situaciones de crisis económica.

  • Descargo oral

    Las empresas más importantes que decidieron hacer su informe en forma oral fueron las petroleras Petrobras y Shell, que en forma enfática negaron ser responsables de la contaminación en la región.

    El representante de Petrobras, José Luis Ricotta Pensa, explicó que en la desembocadura del Riachuelo la empresa tiene instaladas tres plantas que se ocupan del almacenaje y despacho de combustibles terminados, es decir que no realiza ningún tipo de proceso industrial.

    «La empresa cumple con las normas ambientales y las descargas las hacemos en el Río de la Plata y no en el Riachuelo», indicó el representante de la firma brasileña.

    En el mismo sentido se expidió el presidente del directorio de Shell, Juan José Aranguren, quien dijo que la refinería «no tiene ningún tipo de relación con el volcado de efluentes en el río Matanza».

    «Nosotros tomamos agua del Riachuelo, la limpiamos y la vertimos en el Río de la Plata», enfatizó el directivo, al tiempo que destacó que en los últimos años Shell invirtió 170 millones de pesos en políticas de medio ambiente.

    También se mostraron ajenos a la contaminación del Riachuelo los representantes de las empresas Antivari y Curtiduria Gaita, al igual que los delegados de las firmas Solvay y Orvol.

    Luis Piendibene (de Orvol) cuestionó que la demanda «fue dirigida en forma indiscriminada sin considerar la actividad que realiza cada una de las empresas» y señaló que la firma que representa recibió desde 1993 ocho inspecciones y en ninguna de ellas se advirtió un daño al medio ambiente.

    Orvol fue una de las empresas a las que el gobierno intimó a abandonar el polo petroquímico de Dock Sud en el plazo de seis meses, y según indicó su representante esa «decisión política» «implica el cierre de la empresa, la declaración de su quiebra y el despido de su personal».

    También presentó un informe por escrito la automotriz alemana DaimlerChrysler, que tiene su centro industrial en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, en la parte conocida como «la cuenca alta» de los ríos Matanza y Riachuelo. La empresa explicó que cumple con toda la legislación ambiental aplicable a sus actividades y que los efluentes generados por su establecimiento «son objeto de un tratamiento físico-químico y/o biológico en forma previa a su vuelco en el río Matanza». Luego de las empresas expusieron ante los miembros de la Corte los representantes de las ONG Asociación Vecinos de La Boca, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien propuso su organismo como « custodio» del cumplimiento de la condena que la Corte Suprema pudiera imponer a los Estados nacional y provinciales y también a la empresas.

    Mondino insistió sobre la necesidad de que se establezca un Cronograma de cumplimiento obligatorio con auditorías periódicas de control y que se establezca un «Día Uno» para que «cese toda contaminación». La audiencia de ayer fue la última convocada por la Corte, que pasó a deliberar, y según anticiparon fuentes judiciales, en las próximas semanas emitirá un fallo con su decisión sobre la procedencia de la demanda.
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