Se agrava conflicto por la autopista Illia

Aníbal Ibarra deberá visitar a los tribunales después de la feria judicial. Es que apenas terminado el receso en febrero próximo, el fiscal del Crimen, Alejandro Molina Pico pedirá que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presente a declarar en la causa por presuntas irregularidades que se cometieron en la concesión de la autopista «Arturo Illia» que une a la avenida Nueve de Julio con el aeropuerto porteño durante la gestión de Fernando de la Rúa en la Capital Federal. Es que el «lord mayor» de los porteños fue denunciado por presunta estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber ordenado un pago -supuestamente irregular-de 28 millones de pesos a la empresa Covimet, concesionaria de la explotación de esa vía de acceso rápido. El costo final de la obra ascendió a $ 437.000.000 cuando en la licitación original ese valor apenas superaba los $ 100 millones.

La acusación fue formulada por el ex diputado conservador Marcelo Gey, quien actúa como querellante en la causa, en la que están acusados, además de De la Rúa; el ex secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo; el ex Procurador del Tesoro, Enrique Marcer y el ex secretario de Hacienda del municipio porteño, Eduardo Delle Ville. Según la denuncia de Gey, Ibarra ordenó el pago de esa suma pese a que anteriormente el gobierno porteño había informado que no existía el anexo 14 del contrato de concesión que permitió renegociaciones en favor del grupo empresario en el que sobresale un empresa vinculada al grupo Roggio y que -además-se benefició con un incremento del peaje del ciento por ciento. «También existe -dijo Gey-una nota del ingeniero Gallo que solicita se provean los fondos para el pago de los $ 28.800.213». Tanto esta suma como el pago final que Molina Pico considera sobreofertado en relación con la obra de tres kilómetros de extensión y un peaje de 1 peso por cada vehículo que circula por ella, son materia de auditoría judicial.

•Pago engañoso

Este pago habría sido calificado de engañoso en la investigación judicial porque «en el mensaje del Plan General de Acción» del municipio capitalino que encuadra la deuda con contratistas y proveedores no se habría hecho mención al anexo 14 que tampoco se habría agregado al decreto original 3.135 que otorgó la concesión. Sin embargo, en ese mismo documento se reconocería la deuda mencionada con el concesionario Covimet. Pero también el faltante del anexo 14 habría sido advertido por el secretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así parece desprenderse de una nota del 27 de abril de 2001 que le remitió Abel Fatala al Procurador General de la administración metropolitana, Juan Carlos López, cuñado de Ibarra. Tampoco en el expediente 103.353/00 que instruye Molina Pico existiría documento alguno con firma de funcionario responsable que certifique esa suma. Sólo se agregó al expediente un papel sin firma ni membrete que aparentemente reconoce ese pago. Fatala también será citado por el fiscal.

Esta investigación sufrió algunas anomalías que este diario informó en su oportunidad. Tanto el ex presidente como sus colaboradores tienen distintas responsabilidades por la renegociación del contrato el 8 de enero de 1999 -once meses antes de que la De la Rúa asumiera la Presidencia de la Nación-de una obra que fue proyectada y licitada muchos años antes. Sin embargo, al iniciarse la investigación judicial el caso se paralizó en tribunales por orden del juez Nelson Jarazzo. Este magistrado fue ascendido a camarista en los tribunales orales de La Plata y por ello fue recusado tanto por Gey como por el propio fiscal porque quien debía proponer su ascenso al Senado fue el propio De la Rúa. Así la causa pasó a Esteban Cicciaro, pero este otro juez se apartó inmediatamente, quedando las actuaciones provisoriamente el juez Eduardo Daffis Niklison.

•Investigación

Sin embargo, la denuncia contra Ibarra -por sorteo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional-fue a parar al juzgado de Alberto Julio Baños, quien desde hace tiempo tiene una investigación -aún no se conoce con precisión cuál es su estado-contra De la Rúa por la contratación de un jardinero que dio origen a la conocida «causa de los ñoquis». Por este caso fueron procesados y en un principio detenidos los ex presidentes del Concejo Deliberante, José Manuel Pico (PJ) y Juan Trilla (UCR) que luego liberó la cámara. Pero el último procesado más notorio y que aún no fue liberado es Eliseo Roselló, el ex concejal que se fugó a Brasil y que denunció a De la Rúa por el jardinero. Por eso en medios de la querella se desconfía de Baños -está inscripto para presentarse a un concurso como juez federal-, y se pide que esta denuncia se unifique en el juzgado de Daffis Niklison, donde impulsa la acción penal Molina Pico.

Este fiscal del crimen es hermano de Enrique, el ex jefe de la Armada durante la gestión de Carlos Menem. Alejandro Molina Pico fue duramente atacado por Gallo, quien pidió la formación de un jury de enjuiciamiento por avanzar en esta causa. Pero la iniciativa de Gallo se encontró con la cerrada oposición de todos los fiscales del fuero Correccional y Criminal y Federal Penal de la Capital que calificaron duramente al ex secretario general de la Presidencia, uno de los ex funcionarios más complicados por esta investigación. Debido a este respaldo de sus pares, Molina Pico sorteó el pedido de enjuiciamiento porque el Procurador General, Nicolás Becerra, debió archivar las acusaciones. A partir del 4 de febrero se abre, entonces, un nuevo capítulo, de este sonado caso que compromete seriamente al ex gobierno de la Alianza.