Siemens inició juicio millonario al Estado

La empresa alemana Siemens le inició juicio al Estado argentino en el CIADI, tribunal internacional que depende del Banco Mundial, por 600 millones de dólares debido a la rescisión del contrato de los DNI, que se produjo en mayo de 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

La presentación de Siemens para que el CIADI abra la causa se realizó hace dos semanas y ya fue comunicada por ese organismo al gobierno de Eduardo Duhalde. La compañía se amparó en el tratado de protección recíproca de las inversiones entre Alemania y la Argentina.

Las acciones en función de esos tratados que en su mayoría se firmaron entre fines de los '80 y la década del '90, son hasta ahora sólo dos: además de Siemens, lo hizo Aguas del Aconquija, que tenía la concesión del servicio de agua y cloacas en Tucumán y estaba controlada por la francesa Vivendi.

Pero en el caso de Aguas del Aconquija, por ahora la resolución del tribunal fue adversa a la empresa ya que sostuvo en primera instancia que corresponde litigar ante la Justicia argentina. Hay también más de 30 compañías extranjeras, en su mayoría accionistas de privatizadas de electricidad y gas, que hicieron la presentación preliminar ante el CIADI, denunciando que se consideraban afectadas por las medidas tomadas por el gobierno argentino a partir de la ley de emergencia pública.

Pero una vez hecha la presentación preliminar, hay un período mínimo de negociación amistosa por seis meses. En el caso de algunas de los accionistas de las privatizadas, ese plazo obligatoria ya está vencido, pero ninguno dio todavía el segundo paso que consiste en empezar el litigio. Luego de comunicar la presentación al Estado argentino, el CIADI debe decidir si corresponde el juicio, y en caso afirmativo, requerir posiciones y pruebas a ambas partes.

El contrato de los DNI tuvo un polémico trámite durante el gobierno de Carlos Menem. Por ese tema, se afirma, tuvo que renunciar en su momento Julio Mera Figueroa como ministro del Interior. Pero en 1998, se terminó realizando la adjudicación, y un año después se firmó el contrato, con sustanciales modificaciones con respecto al pliego de la licitación.

El contrato definitivo permitía estimar que Siemens percibiría unos 1.000 millones de dólares en el trascurso de 6 años, debido a que toda la población quedaba prácticamente obligada a renovar el documento de identidad a un precio de 30 pesos, incluidos los impuestos.

• Informatización

El contrato incluía además la informatización de los principales puestos fronterizos y la confección de los padrones electorales. Tras un año y medio de renegociación, y la oposición del ex ministro José Luis Machinea por el costo que el contrato demandaba al fisco, el gobierno de De la Rúa había acordado bajar el valor del DNI a 25 pesos, a cambio de una reducción de las inversiones comprometidas por la empresa en cuanto a informatización de las fronteras.

Sin embargo, ese preacuerdo entre Siemens y el entonces ministro del Interior, Federico Storani, fue cuestionado por la SIGEN, en ese momento a cargo de Rafael Bielsa, que recomendó al Estado que antes de firmar el decreto definitivo, debía pedirse a Siemens que abriera los costos para fundar el precio fijado para cada DNI.

Finalmente, aun en contra de la opinión de Domingo Cavallo, terminó primando el criterio de Ramón Mestre, el último ministro del Interior de De la Rúa, y el contrato se rescindió por decreto.

La norma se fundamentó en la ley de emergencia económica que autorizaba al Estado a rescindir contratos de obras, servicios o suministros, celebrados por el Estado antes de diciembre de 1999.

En agosto del año pasado, Siemens realizó la primera presentación ante el CIADI, iniciándose el período de «negociación amistosa».

El período amistoso concluyó el 31 de enero, a las pocas semanas de que asumiera Duhalde, y ya en febrero llegó a Buenos Aires el canciller alemán Gerhard Schröder, acompañado por varios empresarios, entre ellos el presidente de Siemens Alemania.

El contrato de los DNI fue uno de los principales temas de la agenda. En ese momento, Siemens le pidió a Duhalde una presentación conjunta ante el CIADI, para que el tribunal definiera el monto de la indemnización, considerando que la empresa reclama 600 millones de dólares, incluyendo el lucro cesante, y el Estado sólo ofrecía 200 millones de dólares.

Duhalde pidió en ese momento «quince días», pero según Siemens, el gobierno no mantuvo contactos posteriores.

Siemens, que en los últimos meses, hizo un drástico recorte de su actividad en la Argentina, tuvo varios negocios como proveedor del Estado, además de la contratación por los DNI. Por equipos suministrados a la ex ENTel, mantuvo una dura negociación con el gobierno de Carlos Menem, al término de la cual cobró unos 800 millones de dólares.