Tambalean juzgados por recorte de fondos

Una delegación del Consejo de la Magistratura, encabezada por su representante, la diputada Lelia Chaya, le reclamó con dureza -pese a la cordialidad formal con que se revistió la reunión-al ministro de Economía por la reducción del presupuesto para el Poder Judicial que lo pone al borde del colapso. La advertencia -ya había sido anticipada la semana anterior al Poder Ejecutivo y al Congreso-tensó a Roberto Lavagna al punto que le reprochó a la administradora Cristina Akmentis por el planteo personalizado que se le estaba haciendo, obteniendo una respuesta en el mismo tono: «No traemos cuestiones personales sino reclamos institucionales», fue el rápido cruce de la funcionaria. La frase solidarizó a Chaya, quien le recordó al ministro que el Poder Judicial no es un apéndice de la administración central y que la ley de presupuesto no puede modificar o derogar a la ley de autarquía financiera que la Constitución privilegia a la Justicia.

•Diferencias

La pulseada se centra en los $ 260 millones que la tijera de Lavagna quiere recortarles a la Corte y al Consejo de la Magistratura. Akmentis junto con Nicolás Reyes presentaron este año un presupuesto de $ 1.020 millones que se repartieron en $ 850 para el Poder Judicial y el resto para el máximo tribunal y sus dependencias. Pero los podadores de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados quieren dejarle $ 631 millones para el funcionamiento de todo el Poder Judicial, incluido el pago de sueldos. El moyanista Julio Piumatto además insiste con un aumento colectivo que absorbe entre 85 a 90 por ciento de los recursos financieros de la Justicia.

El resto debe repartirse entre cientos de juzgados en la Capital Federal y el resto del país, poniendo en crisis la imaginación de los administrativos que no alcanzan a cubrir con esas cifras mínimas necesidades: hasta el uso de elementos de baño y cocina es pagado del bolsillo de jueces y funcionarios. Si bien la crisis financiera en el Poder Judicial no es nueva -en el pasado estuvieron a punto de colapsar los fueros laboral y comercial-el deterioro de la infraestructura es alarmante al punto de que, si se concreta el achique, varios fueros dejarán de funcionar a mediados del próximo año. «Cuando esté instalado el nuevo gobierno», ironizó Chaya en alusión a la tendencia de Lavagna de proyectar la solución de los problemas de fondo para el futuro. Para Economía constituye una herejía que los consejeros pretendan mejorar las condiciones de hacinamiento que se soporta en los Tribunales y duplicar los 5.000 puestos de trabajo informatizados en medio de la grave crisis económica que soporta el país.

Claro que no todo es cuestión de dinero sino de principios políticos. Para los consejeros -además de Chaya en su estreno de vicepresidente, estuvieron Eduardo Orio y Benusz Smuckler, por los abogados, y Victoria Pérez Tognola y Abel Cornejo (Salta), por los juecesdesde el gobierno se pretende avasallar con la ley de autarquía. Para ello se argumenta que se quiere disminuir de 3,5% a 2,9% la coparticipación impositiva que le corresponde al Poder Judicial y trasladarla a la Administración Central y que se le quiere englobar a la Justicia, los gastos del propio Ministerio de Justicia y del Ministerio Público -defensores y fiscales-a quien se le asignó una jerarquía de extrapoder con presupuesto propio por la Constitución reformada de 1994.

Precisamente en las liviandades del Congreso en previsión presupuestaria para crear nuevos tribunales radica una de las claves del problema: desde 1984 está creado el juzgado de Orán (Salta) -precisamente por iniciativa de Chaya y no puede ser puesto en funcionamiento por la carencia de recursos.