Un fallo que no complica a los ex funcionarios

Eduardo Duhalde

Las condenas a policías bonaerenses por la muerte de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki abren un mar de incertidumbre sobre cómo y contra quién podría impactar la sentencia si, como piden las familias, ahora se avanza sobre la denominada responsabilidad política.

Aquel hecho, ocurrido el 26 de junio de 2002, durante el interinato de Eduardo Duhalde, apuró la entrega del mando -se convocaron las elecciones para abril de 2003- y, sobre todo, abortó la pretensión del bonaerense de continuar como presidente.

La implicancia política de aquel episodio adquiere ahora otro color a partir del fallo que impone perpetua para el jefe del operativo, Alfredo Fanchiotti, a la vista del trance que atraviesa Aníbal Ibarra por la tragedia del boliche República de Cromañón.

Es decir: ayer, el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora condenó a los policías como autores operativos de la muerte de los piqueteros Kosteki y Santillán pero con lógica no avanzó sobre la eventual responsabilidad que les podría caber a las autoridades políticas.

De hecho, desechó un pedido de los familiares de los piqueteros asesinados para iniciar otra instancia en la que juzgar a funcionarios bonaerenses y nacionales.

Esa solicitud, rechazada por los jueces, se basaba en el criterio expuesto por los familiares de que los uniformados cumplieron una orden -«de matar»- impartida desde lo más alto del poder político.

A las audiencias fueron citados, como testigos, Duhalde; el ministro de Seguridad, Juan José Alvarez; el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof; el gobernador Felipe Solá y, entre muchos otros, el número dos de la SIDE, Oscar Rodríguez, a quien acusan de haber estado en contacto con Fanchiotti.

Sobre la línea política pretendían avanzar las familias y las agrupaciones piqueteros pero no lo consiguieron. Tendrán, de todos modos, la opción de recurrira otra instancia. Asimismo, la determinación del tribunal podría servir de fundamento al suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que enfrenta un juicio político por el incendio del local Cromañón.

Hay que recordar, como dato al margen, que en los forcejeos previos a la elección del 23 de octubre pasado, un elemento que de manera recurrente blandían los operadores del kirchnerismo era que Duhalde podría terminar en prisión por el caso Kosteki-Santillán. ¿Eran sólo arrebatos producto de la pulseada electoral o era un prenuncio de lo que, si dependiera del gobierno, vendría en los próximos meses?

Por lo pronto, el gobierno -luego de fracasar en su intento de evitar el enjuiciamiento- ahora parece comprometido con salvar a Ibarra de la destitución definitiva. Si ése es el parámetro, tampoco avalaría entonces un juicio contra los funcionarios ligados a los hechos de Avellaneda.

En rigor, como planteó ayer en un reportaje en este diario, el abogado Julio César Strassera, defensor del suspendido Ibarra, no es razonable juzgar a un gobierno por cada situación que ocurre en su administración.

La lista es más vasta y encuentra dos casos cercanos: el ex gobernador Carlos Reutemann por la inundación de Santa Fe, y Fernando de la Rúa, respecto de las muertes durante los días aciagos del 19 y 20 de diciembre del 2001 que aceleraron su salida del poder.