El controvertido juez federal Jorge Urso se quedó totalmente fuera de la investigación de la causa de las armas y, sólo le resta --ahora-enfrentar la investigación en el pre juicio político que lleva adelante la diputada María Lelia Chaya en el Consejo de la Magistratura: ayer en forma coincidente, tanto la Sala II de la Cámara de Casación Penal como la Sala I de la Cámara Federal Penal porteña decidieron que los últimos esfuerzos del criticado juez por quedarse con una parte de la investigación que involucró a Carlos Menem y su ministros resultaran estériles.
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Los camaristas Pedro David, Juan Fégoli y Raúl Madueño consideraron que «no existe conexidad» entre la venta de armas a Croacia y Ecuador y las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, a las que además calificó de accidentales contra las pretensiones de Urso y su no menos cuestionado fiscal Carlos Stornelli, que sostuvieron que «ese estallido fue intencional para tapar el contrabando de material bélico del Ejército». Este tribunal, además, ratificó la competencia de la Justicia Federal de Córdoba para investigar el hecho, una competencia que Urso-Stornelli se negaban a aceptar.
• Punto final
A su vez los camaristas federales Luisa Riva Aramayo, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani decidieron anoche que la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los imputados en la venta ilegal de armas quede a cargo del juez penal económico Julio Speroni, y apartó de esa manera a Urso. También le quitó la competencia para seguir con la denominada «ruta de dinero» que siguieron las transferencias por la venta de armamentos. De esa manera, la Sala I puso punto final a la disputa de competencia entre Urso y su par Juan José Galeano y el planteo de los abogados defensores de Menem de que se está ante un hecho considerado «cosa juzgada» por parte de los jueces Miguel Morales, correccional de La Rioja, y Jorge Ballestero, federal de la Capital.
La última carta de Urso para no desprenderse de un expediente, que podría ser utilizado a modo de escudo protector ante la investigación en el Consejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito, fue traer a Buenos Aires la causa que se ventila en un juicio oral y público en Córdoba sobre la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero en noviembre de 1995. Hace unos meses -como publicó este diario-el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba le negó en términos cortantes a Urso competencia para adueñarse de la causa y le recordó que en caso de haber fallas en la instrucción, tampoco le correspondía a él hacerse cargo de la investigación sino de otro juez que dependa de la jurisdicción cordobesa.
La Sala II -la misma que resolvió que Urso era incompetente y le ordenó remitir el sumario a Speroni-consideró que los hechos ocurridos en la Fábrica Militar de Río Tercero encuadran en la figura penal de «estrago culposo». De todos modos, Fégoli, Madueño y David resolvieron que «no hubo intención en la voladura del establecimiento, pero sí responsabilidades porque una vez iniciado el incendio, no pudo ser controlado ni extinguido». El tribunal evaluó que algunos de los imputados en la causa «no cumplieron» con las obligaciones de vigilancia ni las medidas de seguridad necesarias para evitar las consecuencias dañosas producidas por el incendio».
Para descartar la «intencionalidad», la Cámara de Casación aprovechó los argumentos esgrimidos por la Corte en el fallo que derivó en la libertad del ex presidente Carlos Menem y del empresario Emir Yoma, cuando excluyó la existencia de una asociación ilícita dedicada a la venta ilegal de armas al exterior. Estos jueces coincidieron con el dictamen del fiscal Raúl Pleé, quien sostuvo que de las actuaciones instruidas en Córdoba no surgen pruebas sobre conductas dolosas para provocar el estrago, ni que haya servido para encubrir los hechos investigados en el sumario que Urso tenía a su cargo.
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