Jorge Reynaldo Vanossi estrenará hoy su flamante cargo de ministro de Justicia con una visita «protocolar» a la Corte. Pero la ceremonia pactada para las 10.30 en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano 550 dista de ser un hecho social para convertirse en un acontecimiento de fuerte contenido político a la luz del fuego cruzado que se viene disparando contra el máximo tribunal. De todos modos en las cercanías de Vanossi se especula que no es su estilo forzar decisiones extremas y se lo caracteriza como un negociador a ultranza. Desde la misma Corte se dejaron llevar por esta imagen al señalar que el propio ministro habría deslizado que «la Corte no figura en la agenda del gobierno», una frase que no fue confirmada pero tampoco desmentida por el entorno ministerial.
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La presencia de Vanossi en los Tribunales generó expectativas en los máximos jueces y pese a la feria judicial se espera que hoy esté la mayoría, además de Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor que se encuentran a cargo durante el receso. Ya mandaron a planchar sus trajes Guillermo López, Eduardo Bossert y Antonio Boggiano que se encuentran en Buenos Aires y se espera a AdolfoVázquez que pasó las fiestas en Montevideo en la casa de una hija. Pese a que todos conocen en profundidad al nuevo ministro --sus principales juicios como abogado fueron ante ese tribunal-ninguno de ellos quiere estar fuera de un juego que puede ponerlos al borde de la expulsión si se materializa el juicio político, cuya instrumentación se insiste desde sectores del duhaldismo hasta la izquierda política, pasando por el radicalismo, el Frepaso y el ARI de Elisa Carrió.
Sin embargo -aunque ayer se sumó Hilda Chiche Duhalde a opinar sobre la Corte-hubo voces desde el mismo gobierno que consideran prioritario tratar la situación económica y desaconsejan abrir otros frentes como sería intentar el alejamiento compulsivo de dos o más jueces. En ese contexto, la mujer del Presidente mantuvo la prudencia: «Lo que se debe hacer es un trabajo muy serio y que llegue el momento en que la Justicia y la Corte Suprema funcionen y la gente vuelva a confiar en ellas», respondió cuando se le preguntó si se debía producir una remoción de sus miembros. «Seguramente hay que trabajar sobre todos aquellos organismos en los que la gente ha perdido la confianza, seguramente habrá que modificarlos. La gente está esperando un cambio, pero sobre los mecanismos a utilizar va a hablar mi esposo», se subordinó la primera dama.
Cambios
Desde el radicalismo también se habló de cambios en la Justicia, aunque Angel Rozas -a diferencia del frepasista Aníbal Ibarra un día antesno trató esa situación en la reunión con Eduardo Duhalde. El chaqueño prometió acompañar un posible recambio en la Corte, pero sin muchas precisiones sobre el método a ampliar: o por la expulsión mediante el enjuiciamiento por el Congreso o el alejamiento consensuado de algunos de ellos aunque -hasta ayer-en la cabeza del Poder Judicial se insistía con que nadie ha pensado en renunciar y si alguien quiere un lugar en la Corte que instruya un juicio político. Toda una definición que hoy deberá tomar nota Vanossi, quien no comparte los extremos de algunos de sus correligionarios y mucho menos avala los exabruptos de Carrió. Pese a ello, «Lilita» se mostró coherente ayer al desechar métodos no establecidos por la Constitución como lo hizo el bonaerense Osvaldo Mércuri que pidió «poner a los máximos jueces en comisión», un disparate jurídico que fue despreciado hasta por los objetores de la Corte.
Sin embargo, el ataque a la Corte registra fisuras. Ayer Carrió también fue cruzada por otra mujer desde su misma posición ideológica: la diputada radical Margarita Stolbizer como presidente de la Comisión de Juicio Político negó que su par del ARI haya presentado un juicio político contra la Corte -ayer se sumó un pedido de los abogados Eduardo Barcesat (Partido Comunista) y Roberto Boico- en el seno de ese cuerpo que debe decidir sobre la conveniencia de rechazarlo o de impulsarlo. Stolbizer acusó a Carrió de mentir y le reprochó que «el abuso de liderazgo y de la credibilidad pública para faltar a la verdad también lesionan la democracia y el derecho a la ciudadanía a una información veraz».
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