El proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy presentado esta semana por el gobernador Gerardo Morales tomó ayer estado parlamentario en el marco de la 9ª sesión ordinaria de la Legislatura local.
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El proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy presentado esta semana por el gobernador Gerardo Morales tomó ayer estado parlamentario en el marco de la 9ª sesión ordinaria de la Legislatura local.
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La iniciativa, que fue anunciada el lunes pasado por Morales, entre 47 temas busca avanzar en restricciones para las protestas sociales, promueve la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción, y destaca no modificar cláusula respecto a la no re reelección a gobernador.
El diputado Alberto Bernis, presidente del bloque de la UCR, expresó que lo que se busca con la reforma es dejar el año próximo, con el vencimiento del mandato del Gobernador Gerardo Morales, una “constitución moderna”.
Apuntó que la reforma está vinculada, entre otros, a “un sistema donde se pone orden democrático a las marchas y las protestas sociales”.
“No se prohíben, solo se pone orden. Es decir, cualquiera puede realizar una protesta pero va a tener que informar cómo va a ser, para que el Estado pueda organizar con los otros ciudadanos que también tienen derechos”, sostuvo.
En cuanto a plazos para su aprobación, Bernis indicó que no hay fecha estimada, pero sostuvo que “el Gobernador pidió celeridad” y que, luego de salir el proyecto de la Legislatura, la Convención Constituyente tendrá hasta 90 días para definir el nuevo articulado a incorporarse en la Constitución provincial, cuya última actualización data de 1986.
“Luego de estos casi 40 años, la vida de las personas y los desafíos de nuestra querida provincia se han transformado, en línea con los retos que nos impone este siglo, por lo que el objetivo central de este proyecto de reforma es darle modernidad a nuestra constitución, ajustándola a la carta magna nacional, que fuera reformada en el año 1994, así como también garantizar la paz, el orden, el progreso y los nuevos derechos”, se expone en los fundamentos del proyecto.
Dirigentes opositores y organizaciones locales ya avanzaron en rechazar el proyecto de reforma al considerar que se trata de una iniciativa que “atenta” contra la democracia, posee características “dictatoriales” y “avanza hacia una concentración desmedida de poder”.
Asimismo, consideraron como “muy sospechosa” la propuesta, a un año de la finalización del mandato del gobernador, quien no solo “siempre rechazó las reformas constitucionales”, sino además “en junio de este año declaró que no iba a presentar el proyecto”.
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