Dirigentes opositores de Jujuy cuestionaron ayer el proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial lanzado por el radical Gerardo Morales, al considerar que “atenta” contra la democracia, “avanza hacia una concentración desmedida de poder” y posee características “dictatoriales”.
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Jujuy: oposición cruzó reforma parcial de la Constitución
La iniciativa propone, entre otros ejes, la prohibición de los cortes de ruta y del indulto a personas que cometieron delitos dolosos contra el Estado que derivaron en un enriquecimiento.
La avanzada además promueve la “reglamentación del derecho a la protesta conforme a estándares de Naciones Unidas” y la habilitación de la “ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social”. No incluye en cambio retoques en pos de avalar un tercer mandato consecutivo para el gobernador.
En reacción, el senador nacional Guillermo Snopek (Frente de Todos) alentó el “no a la reforma constitucional”. “Lamento que el gobernador avance sobre lo único que no se había atrevido a tocar: la Constitución; parece que ni los incendios hicieron que frenara su ambición de perpetuarse en el poder”, dijo, además de considerar que “ni él se cree lo de ser candidato a presidente” y que “por eso arma esta reforma tramposa”.
En sintonía, la diputada provincial Mariela Ferreyra aseguró que “desde el bloque Juntos por Jujuy” -espacio referenciado en Snopek- se van a “oponer, porque no es el momento oportuno de instalar una modificación”.
“Creemos que ahora se debe atender la grave crisis que atraviesan los trabajadores jujeños, quienes están financiando el pago de las facturas de luz”, dijo. Y advirtió que la reforma “le va a costar a la provincia más de mil millones de pesos”. “Jujuy ya no vive en democracia, se ha desdibujado totalmente la división de los poderes y hay una intromisión de la política en la Justicia”, agregó, además de asegurar que “cada vez habrá más presión para las voces disidentes”.
A su vez, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de Jujuy aseguraron que la reforma “pretende eternizar un régimen de pobreza, precarización laboral y saqueo de los recursos naturales, legalizando la mano dura y barriendo con las libertades democráticas elementales”. “Los trabajadores tenemos que luchar por lo nuestro, impugnando esta reforma reaccionaria”, dijeron.


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