Santiago (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Los recientes casos de corrupción en Chile obligaron a la presidenta Michelle Bachelet a anunciar un paquete de medidas para combatir esos escándalos.
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«El gobierno debe ser como una pecera, que puede mirarse desde todos lados», afirmó al hacer los anuncios la mandataria, que en las últimas semanas ha debido hacer frente al destape de un caso de corrupción en la Subsecretaría de Deportes, ocurrido el año pasado, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
El supuesto desvío de unos 750.000 dólares a campañas electorales en los comicios parlamentarios, tras ser destinados a proyectos deportivos inexistentes, puso a prueba la unidad de la Concertación, coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990. El caso, en el que hay ya cuatro detenidos, involucró a dirigentes y parlamentarios del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD) y de la Democracia Cristiana.
Bachelet asumió «un compromiso» para terminar con estos escándalos durante el acto de promulgación, como ley nacional, de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.
Asimismo, Bachelet anunció la creación de un organismo que regule y vele por el acceso a la información, facultado para sancionar a quienes obstruyan ese derecho y para proponer normas que mejoren y aumenten la transparencia pública.
Además, los organismos y los servicios del Estado podrán publicitar sus actos, medidas y estadísticas, y deberán publicar en páginas Web todas las contrataciones, además de proteger a quienes denuncien irregularidades y castigar a quienes incurran en acusaciones falsas.
Sobre la modernización del Estado, enfatizó que necesitan «funcionarios de calidad», por lo que adelantará para el próximo año la instalación completa de una Alta Dirección Pública, que estaba prevista originalmente para 2010.
Además, se establecerá un cronograma de llamados a concursos para altos cargos públicos y se perfeccionarán las condiciones contractuales de los funcionarios. Bachelet anunció también la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que concentrará la evaluación de los programas de gobierno y deberá entregar un informe anual al Congreso.
Las medidas fueron elaboradas por una comisión especial que la presidenta de Chile designó tras estallar el escándalo de los fondos deportivos, cuyo coordinador fue el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, e integrado por abogados y académicos independientes y por el director del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Davor Harasic.
Los anuncios fueron bien acogidos entre los partidos que conforman la Concertación Democrática. Sin embargo, en la oposición, cuyos líderes no acudieron a la ceremonia en la sede del gobierno, la ex diputada Lily Pérez, de RN, pidió «anuncios concretos» y no nuevos proyectos de ley. «Lo que está diciendo la presidenta no se compadece con los hechos», dijo por su parte el senador Hernán Larraín, líder de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
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