Bolivia peor: llaman a "defender en la calle" nacionalización del gas

La nacionalización del gas fue una medida de fuerte impacto político en Bolivia, sobre todo entre los sectores populares e indígenas. Seguramente por eso la oposición evitó en un primer momento impugnarla judicialmente, por más que su imposición a través de un decreto presidencial resultara jurídicamente objetable. A casi cuatro meses de aquella medida, finalmente esto se produjo ayer, lo que enfureció al gobierno de Evo Morales, que atacó a los «contrarrevolucionarios» y llamó a defenderla «en las calles». Mientras, la tensión crece en ese país. Las inversiones en gas son hoy menos de la quinta parte que en 2001 y, contra lo prometido, el Estado no tiene fondos para explotar el recurso. Se suman, además, las acusaciones de corrupción y los embates parlamentarios contra su ministro del área. Se teme así que Morales use la Asamblea Constituyente para disolver los poderes del Estado, lo que a juicio de la oposición podría implicar un autogolpe y el inicio de una mayor radicalización de su gobierno.

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz, fue agasajado ayer por dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo, tras la embestida opositora que lo obligó el miércoles a presentar su renuncia, antes de ser confirmado por Evo Morales.

La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El gobierno izquierdista de Bolivia convocó ayer a la población a defender «en las calles» la nacionalización de los hidrocarburos de la supuesta acción « contrarrevolucionaria» de los partidos opositores.

«Es un llamado al pueblo boliviano, a los movimientos sociales. Estemos tranquilos, el decreto de nacionalización tiene base constitucional, pero también lo vamos a defender en las calles», dijo el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

El pedido del funcionario fue hecho al término de un acto organizado por los senadores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para desagraviar al ministro por la censura votada el miércoles en su contra por la mayoría opositora en el Senado.

Tras ese episodio, el titular de Hidrocarburos presentó su dimisión ante el presidente, Evo Morales, que pocas horas después lo ratificó en el cargo alabando su trabajo e insultando a los senadores opositores por haberlo reprobado.

La censura fue votada por trecesenadores de Poder Democrático y Social (Podemos) y uno de la centrista Unidad Nacional (UN), que mencionaron para ello presuntos actos de corrupción en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recientemente refundada.

Recurso

Podemos también presentó un recurso contra el decreto de nacionalización ante el Tribunal Constitucional (Corte Suprema), argumentando que la medida debió aprobarse por medio de una ley. La diputada de esa fuerza que presentó la demanda, Sandra Yáñez, dijo que no se opone a la nacionalización, sino al procedimiento adoptado por Morales, que comparó al de una dictadura.

Anoche el Tribunal anunció que aceptó tratar la demanda. Una portavoz de la institución dijo que la admisión de la denuncia «no implica una paralizacióndel decreto de nacionalización». Tampoco será necesario que Morales sea citado a declarar en el proceso, que durará entre 30 y 45 días hasta la emisión del fallo, que será inapelable, agregó la portavoz en la ciudad sureña de Sucre, donde funciona el Tribunal. Horas antes, Soliz había sostenido que el recurso judicial «es exactamente lo que quieren las petroleras para que el pueblo bolivianono pueda recuperar sus recursos» naturales. Añadió que el decreto de nacionalización, firmado el pasado 1 de mayo, está «muy bien blindado jurídicamente», porque fue autorizado por el referendo sobre el gas realizado el 18 de julio de 2004, en el que la mayoría de la población aprobó la recuperación para el Estado de los hidrocarburos.

«Los vendepatrias que están demandando la inconstitucionalidad del decreto de nacionalización no tienen base jurídica, ni legal, ni política y menos una base ética», dijo el ministro.

También aseguró que la « debilidad del gobierno» para dar más pasos en la nacionalización del sector será «compensada por las movilizaciones» de las organizaciones populares. «Creo que ésa es la fuerza que necesitamos los ministros y el gobierno para avanzar con mucha más firmeza en el proceso nacionalizador», apuntó. Hasta el momento, la nacionalización del gas se ha visto obstruida por la falta de capital y técnicos para que el Estado se haga cargo del negocio. Analistasseñalaron, además, una caída de las inversiones extranjeras, impericia administrativa y denuncias de corrupción.

Previsible

Por su parte, el vicepresidente, Alvaro García Linera, declaró que el voto de censura contra Soliz «era previsible». En su opinión, la censura «es el último reducto de las fuerzas conservadoras» opositoras y representa «la resistencia de quienes privatizaron los recursos» naturales bolivianos. García Linera afirmó, además, que es una reacción «controlable» y que «la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia no va a retroceder un solo paso».

En medio de un ambiente enrarecido, la cámara que agrupa a las petroleras extranjeras que operan en el país buscó conciliar con el gobierno y lamentó la censura. Además, expresó su deseo de que la nacionalización avance de manera negociada con las empresas.

«La censura fue lamentable y pone una nueva dosis de incertidumbre al proceso nacionalizador que, por diversas razones, ya se encuentra retrasado», señaló en un comunicado el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), el brasileño José Magela Bernardes.

«Nosotros esperamos que el proceso de nacionalización avance, que las negociaciones se encaminen para llegar a un buen acuerdo donde el tamaño de la torta sea el mayor, y que la inversión llegue lo más pronto posible», indicó Magela, quien también es el principal ejecutivo de la filial de la británica British Gas (BG) en Bolivia.

Según Magela, las compañías están preocupadas por el bajo nivel de las inversiones en el sector, que en 2006 rondarán los 100 millones de dólares, cinco veces menos que en 2001. También señaló que la CBH colaborará con el gobierno para que el proceso de migración de los contratos de las empresas, «que aún es lento, pueda llegar a un feliz término para ambas partes».