Los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum reclamaron explicaciones por distintos episodios que involucraron a migrantes latinoamericanos. Ambos exigieron investigaciones, cuestionaron el accionar del organismo y reclamaron garantías para sus ciudadanos.
Los dos países elevaron reclamos diplomáticos y pidieron esclarecer los procedimientos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Las denuncias por el accionar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaron a escalar a nivel diplomático. Los gobiernos de Colombia y México cuestionaron distintos procedimientos realizados por el organismo estadounidense y reclamaron investigaciones tras episodios que involucraron a ciudadanos de ambos países.
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En el caso colombiano, la polémica se desató tras la muerte de un joven migrante durante un operativo en Texas. Desde entonces, el presidente Gustavo Petro impulsó reclamos diplomáticos, mientras que la representación consular de Colombia en Washington aseguró que mantiene contacto permanente con la familia y con las autoridades estadounidenses para seguir de cerca la investigación.
"Tenía sus documentos legales, su permiso de trabajo y todo lo que le exigían para poder trabajar. No sé por qué le hicieron eso", declaró su padre, Omar Durán.
Según explicó, su hijo trabajaba por las mañanas en tareas de limpieza dentro de una clínica veterinaria y por las tardes realizaba repartos con su vehículo.
El episodio también generó repercusiones dentro del Congreso colombiano. La representante Jennifer Pedraza reclamó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que aproveche la visita de la delegación oficial encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo para exigir explicaciones al gobierno estadounidense.
"Es urgente que se exija justicia para este joven compatriota, que se repare a su familia y que este tipo de violencia cese", sostuvo la legisladora, quien calificó el procedimiento del ICE como un homicidio.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el operativo ocurrió en Magnolia Park, un barrio con fuerte presencia de migrantes. La versión oficial sostiene que el ciudadano colombiano intentó escapar, embistió un vehículo oficial con su camioneta y desobedeció las órdenes de los agentes. En ese contexto, uno de los efectivos disparó alegando haber actuado en defensa propia. El hombre fue trasladado a un hospital, donde finalmente murió.
El caso despertó indignación tanto en la comunidad latina de Estados Unidos como en Colombia y México. La organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) recordó que no es la primera vez que el ICE justifica un tiroteo argumentando un intento de atropello, una explicación que —según denunció la entidad— en oportunidades anteriores terminó siendo desmentida.
En paralelo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum endureció sus cuestionamientos contra el organismo migratorio. El canciller Roberto Velasco informó que 17 ciudadanos mexicanos murieron en procedimientos vinculados al ICE: 14 mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos.
"Vamos a defender a los mexicanos en EEUU", aseguró Sheinbaum, quien además destacó la predisposición del embajador estadounidense Johnson para escuchar las preocupaciones del gobierno mexicano respecto de posibles violaciones a los derechos humanos.
La mandataria también anunció que solicitará la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que acompañe las investigaciones abiertas sobre estos episodios.
Además, convocó a todas las fuerzas políticas mexicanas a respaldar una posición común y reclamó que el Congreso emita un pronunciamiento conjunto. "La protección de los mexicanos en el exterior debe estar por encima de las diferencias políticas", afirmó.
La respuesta llegó pocas horas después desde el Parlamento. La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Kenia López, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que presentará un proyecto de resolución para exigir que EEUU garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos mexicanos, incluso durante el receso legislativo.