Con 46 acusados, comenzó juicio contra la mafia romana

El proceso contra los 46 acusados del caso "Mafia Capital", la investigación que sacó a la luz una extensa red criminal infiltrada en el Ayuntamiento de Roma y que controlaba la gestión de las licitaciones públicas, comenzó este jueves en la capital italiana.

Esta fue la primera de las más de 130 audiencias con las que contará este juicio extremadamente mediático, pues sentará en el banquillo a políticos vinculados con el Ayuntamiento de Roma y dirigentes de entes públicos bajo la acusación de corrupción, usura, extorsión y manipulación de licitaciones, entre otros delitos.

Concretamente, se celebrarán 136 audiencias, con una media de cuatro a la semana, por lo que no se espera que la Justicia italiana dicte sentencia hasta julio de 2016.

Por el momento, se ha fijado para el 17 de noviembre la próxima audiencia.

Medios de comunicación de todo el mundo y también ciudadanos romanos se han congregado desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del Tribunal de Roma para asistir a la llegada de los imputados en este caso para el que el Ayuntamiento de la ciudad y el grupo político Movimiento 5 Estrellas se han constituido como partes civiles.

En la lista de los 46 nombres a los que llamarán los jueces de la X sección penal del Tribunal de Roma, quizá el más importante es Massimo Carminati, considerado por la Fiscalía el supuesto jefe de la mafia de Roma.

Carminati es un antiguo exponente del grupo terrorista capitolino Núcleos Armados Revolucionarios (NAR), que operó en Italia entre 1977 y 1981 y que estuvo asociado a la conocida Banda del Magliana, organización criminal que actuó en Roma entre las décadas de los 70 y los 90.

El supuesto jefe criminal, que perdió un ojo en un enfrentamiento con la Policía que le valió el sobrenombre de "Il Guercio" (el tuerto), no asistirá físicamente al tribunal, sino que los jueces de Roma han considerado que por motivos de seguridad es mejor que testifique por videoconferencia.

Los mismos argumentos han utilizado los magistrados para rechazar también los pedidos de los imputados Salvatore Buzzi, Roberto Brugia y Fabrizio Testa, cuyos abogados defensores se quejaban de que esta prohibición supone "una grave lesión del derecho de la Defensa".

El abogado de Carminati, Giosuè Bruno Naso, ha criticado el interés mediático que levantó este proceso a su llegada al juzgado.

"Este es un proceso dopado, drogado por una campaña mediática", dijo a los medios, momentos antes de afirmar que Carminati "hablará, porque tiene intención de aclarar las cosas".

Entre los acusados también destaca Salvatore Buzzi, empresario, conocido como el "rey" de las cooperativas -casas de acogida para madres o huérfanos o centros de inmigrantes-, pero que le sirvieron para hacer fortuna gracias a la red de corrupción que tejió en el Ayuntamiento.

Además, se incluyen también el exdirigente del servicio de recolección de basura de Roma (AMA), Franco Panzironi, y miembros tanto de partidos de la derecha o la izquierda como Luca Gramazio (Forza Italia) o Mirko Coratti (Partido Demócrata).

Así como el consejero del Ayuntamiento y miembro de la mesa operativa para gestionar la inmigración, Luca Odevaine, quien sí ha reconocido haber "cometido errores", pero quien ha negado que el juicio sea un proceso contra la mafia.

"He cometido errores, he asumido mi responsabilidad y estoy colaborando con los magistrados. No se puede decir que en Roma haya un sistema mafioso que gestione la ciudad", consideró Odevaine.

Entre los detenidos y el centenar de investigados abundan además personas relacionadas con el exalcalde de Roma Gianni Alemanno, que también fue ministro de Agricultura durante el Gobierno de Silvio Berlusconi.

La Fiscalía de Roma pidió este jueves que Alemanno comparezca en el juicio bajo las acusaciones de corrupción y financiación ilegal, una petición que deberá ser atendida por los magistrados, quienes previsiblemente tomarán una decisión el próximo 11 de diciembre.

Contra el exalcalde romano, la Fiscalía apunta a que podría haberse embolsado de forma ilegal 125.000 euros durante el cumplimiento de actos contrarios a las responsabilidades de su cargo, según publican medios locales.