La Corte Constitucional italiana anuló parcialmente la ley que garantiza la inmunidad judicial al jefe de gobierno Silvio Berlusconi hasta octubre, y ahora podría reabrirse los procesos pendientes por supuestos hechos de corrupción. Los magistrados del alto tribunal tomaron la decisión tras dos días de reuniones.
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Los jueces declararon inconstitucional parte de la ley, adoptada en marzo pasado, y llamada "de legítimo impedimento", a través de la cual fueron suspendidos por 18 meses los dos juicios contra el jefe de gobierno.
Una sentencia que podría dejar a Berlusconi ante la apertura de procesos pendientes.
Los magistrados declararon inconstitucional la presentación de un certificado de la jefatura de gobierno, Palacio Chigi, de ausencia justificada, así como la obligación del juez de aplazar la audiencia hasta un plazo de seis meses.
Los magistrados aprobaron que el primer ministro presente a los magistrados en casos especiales un certificado de legítimo impedimento, el cual será evaluado según el caso y bajo el "principio de leal colaboración entre los poderes".
En octubre del 2009, la Corte Constitucional invalidó otra norma, la ley Alfano, que garantizaba la inmunidad penal a los cuatro mayores cargos del Estado, entre ellos al primer ministro.
En declaraciones en Berlín durante una visita oficial a Alemania, Berlusconi volvió a rechazar las acusaciones y reiteró que los jueces de Italia quieren arruinar su carrera política.
"Me es completamente indiferente que vaya a haber o no más juicios. Considero los juicios absolutamente ridículos", señaló el premier conservador y magnate de los medios.
En ese marco, añadió: "No hay peligro para la estabilidad del gobierno, cualquiera sea la decisión de la Corte Constitucional".
La norma, conocida en Italia como "de impedimento legítimo", permitía al primer ministro o ministros del gabinete solicitar la postergación de audiencias judiciales con el argumento de que están demasiado ocupados con sus tareas oficiales.
La decisión de la Corte se esperaba inicialmente para el 14 de diciembre, pero fue postergada porque en aquella fecha coincidía con la votación en el Parlamento que casi derriba al gobierno de Berlusconi, a quien todavía le quedan dos años de mandato.
La ley era el tercer intento de un gobierno de Berlusconi -que ya fue premier otras dos veces- para proteger al magnate de los medios de acusaciones de corrupción.
En octubre de 2009, la Corte Constitucional falló en contra de otra norma que daba inmunidad judicial a los cuatro cargos más altos de la República mientras estuvieran en funciones, por considerar que violaba el principio de la igualdad ante la ley.
Con el mismo argumento, el mismo tribunal declaró inconstitucional otra medida similar aprobada en 2004 por el anterior gobierno del conservador Berlusconi.
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