La medida, que generó controversia, fue retirada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, argumentando que no se alineaba con la política actual del gobierno.
La directriz emitida durante el gobierno de Biden, obligaba a los hospitales a realizar abortos en situaciones de emergencia, incluso en estados donde el procedimiento estaba restringido.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló este martes una directriz establecida por su antecesor, el demócrata Joe Biden, que obligaba a los hospitales realizar abortos en situaciones de emergencia médica, sin importar las restricciones estatales sobre el procedimiento.
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Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid indicaron que la guía emitida en 2022, la cual interpretaba una ley federal que garantiza el acceso a atención médica de emergencia para estabilizar a los pacientes, no era coherente con la política del gobierno de Trump.
Esta entidad, que opera bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, aseguró que buscará corregir cualquier incertidumbre legal o inestabilidad que, a su juicio, haya sido causada por la administración anterior.
La orientación revocada fue publicada en julio de 2022, poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, con una mayoría conservadora de 6 a 3, anulara el fallo Roe vs. Wade de 1973, que había establecido el derecho constitucional al aborto.
La directriz tenía como objetivo recordar a los profesionales de la salud sus obligaciones bajo la Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), una normativa federal de 1986 que exige a los hospitales que reciben fondos de Medicare brindar atención médica de emergencia, sin importar si el paciente puede pagar o no.
Medicare es el programa federal de salud destinado a personas mayores. Los centros médicos que no cumplen con EMTALA pueden ser sancionados con la pérdida de esa financiación.
La guía de 2022 especificaba que, conforme a esta ley, los médicos están obligados a realizar un aborto si es médicamente necesario para atender una emergencia y estabilizar a la paciente, incluso en estados donde la práctica está restringida. Según esa interpretación, la ley federal se impone sobre las legislaciones estatales que no contemplen excepciones para casos de urgencia.
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