Egipto celebra la nueva el fin de 30 años del régimen de Hosni Mubarak.
La comisión de juristas encargada de reformar la Constitución de Egipto, nombrada por los militares en el poder, tiene un plazo de 10 días para proponer las enmiendas constitucionales, anunció el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Los puntos clave de la reforma constitucional se refieren a las condiciones para la presentación de candidaturas a las elecciones presidenciales, el establecimiento de un límite para el mandato presidencial y la vigilancia judicial de las elecciones.
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"La comisión debe terminar el trabajo a más tardar dentro de diez días", declaró el ejército en un comunicado. Los juristas que integran esta comisión se reunieron por primera vez en presencia del jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Esta comisión está encargada de enmendar los artículos 76, 77, 88, 93 y 189, así como de anular el artículo 179, precisó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en un comunicado leído por un presentador de la televisión pública.
El ejército aclaró que la comisión podrá decidir enmendar otros artículos si lo considera necesario "para garantizar el carácter democrático y la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas".
Uno de los diez juristas que integran el comité es Sobhi Salih, ex miembro del grupo parlamentario del movimiento opositor Hermanos Musulmanes. El abogado no fue reelegido en las elecciones del pasado mes de noviembre. Los Hermanos Musulmanes sostienen que el resultado electoral en el distrito de Salih había sido manipulado.
El comité estará presidido por el ex juez Tarek al Bishri y no incluye a ninguno de los juristas a los que el ex presidente Hosni Mubarak había encargado, poco antes de su caída, una revisión de la Constitución egipcia.
A más tardar dos meses después de la elaboración de la nueva Constitución, los egipcios votarán en un referéndum sobre el texto, según había anunciado el Consejo Militar.
Aún no se sabe si en el futuro se permitirá la presencia de observadores electorales internacionales y si se cambiarán las condiciones para la admisión de nuevos partidos políticos.
Los manifestantes que precipitaron la caída de Mubarak exigen además el levantamiento del estado de excepción vigente desde 1981 y la puesta en libertad de todos los presos políticos, que se calcula suman unos 10.000, entre ellos muchos islamistas.
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