Países y organismos internacionales expresaron su condena a la decisión de las autoridades birmanas de imponer 18 meses de prisión domiciliaria a la jefa de la oposición Aung San Suu Kyi y advirtieron que ejercerán nuevas presiones con sanciones contra la junta militar.
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La Unión Europea, como Francia, Italia y Gran Bretaña, manifestó en un comunicado su condena e impulsó "sanciones suplementarias" contra el gobierno birmano.
"La Unión Europea condena el veredicto de culpabilidad emitido contra Aung San Suu Kyi y responderá con sanciones suplementarias a los responsables de la condena", sostuvo la presidencia de la UE en un comunicado.
La UE advirtió que "el proceso contra San Suu Kyi es injustificado" y lo consideró contrario "al derecho nacional e internacional", por lo cual reclamó la liberación inmediata de la jefa de la oposición birmana.
La junta militar decidió "ignorar las protestas contra el arresto de San Suu Kyi y las apelaciones para su liberación hechas por un número sin precedentes de estados y organizaciones guiadas por el secretario general de la ONU", dijo la UE.
Asimismo, advirtió que "intensificará su trabajo con la comunidad internacional", especialmente con países de Asia, para lograr la liberación de San Suu Kyi y de otros prisioneros políticos.
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pidió a la Unión Europea adoptar "nuevas sanciones contra el régimen birmano" a raíz de la sentencia, reportó el gobierno en un comunicado.
El gobierno italiano expresó su "condena firme" y advirtió que la Premio Nobel de la Paz fue víctima de un proceso "ampliamente injusto".
Las autoridades birmanas "eligieron ignorar las protestas provenientes de gran parte de la comunidad internacional, incluidos muchos miembros del Asean, del cual la misma Birmania forma parte", reportó el gobierno.
El primer ministro británico, Gordon Brown, se manifestó "entristecido y enojado" por la "monstruosa" sentencia contra la jefa de la oposición birmana, decisión que según dijo fue tomada "para prevenir que Suu Kyi participara de las planeadas elecciones del próximo año".
"Esto es una nueva evidencia acerca de que el régimen militar en Birmania está determinado a actuar con una indiferencia total para aceptar los estándares de la ley desafiando a la opinión internacional", declaró Brown en un comunicado.
"La fachada de la acusación es incluso más monstruosa debido a que su objetivo real es romper el vínculo que ella tiene con la gente, que la considera como una llama de esperanza y resistencia", agregó.
El primer ministro británico instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a imponer una prohibición mundial a la venta de armas al gobierno birmano.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, advirtió en un comunicado que la sentencia es "injustificada e inaceptable" y dijo que continuará ejerciendo "presiones para pedir la liberación".
Amnistía Internacional, en tanto, consideró "vergonzosa" la decisión de las autoridades birmanas y aseguró que tiene motivaciones políticas.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, condenó en duros términos la sentencia dictada contra la líder opositora birmana en una rueda de prensa durante una visita oficial al Congo.
"No debería haber sido juzgada, y no debería haber sido condenada", dijo Clinton, llamando de nuevo a la junta en el poder a levantar el arresto domiciliario a la Premio Nobel de la Paz y a liberar inmediatamente a los más de 2.000 presos políticos en el país del sureste asiático.
"La junta birmana debe acabar ahora mismo con la opresión a la que somete a tantas personas en ese país", señaló la representante de la diplomacia estadounidense.
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