"Sentido de la responsabilidad" fue lo que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy después de que la formación opositora acusase al Ejecutivo de espiar ilegalmente a algunos de los dirigentes conservadores.
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La guerra del espionaje entre el gobierno socialista y el PP se ha abierto en pleno mes de vacaciones, después de que la formación de Rajoy haya recibido un poco de aire en el llamado "caso Gürtel" -la presunta trama de corrupción que salpica al PP desde febrero- con el archivo de la causa por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones.
"Desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios (del 'caso Gürtel') y a destacados dirigentes nacionales". Esta declaración de la "número dos" de Rajoy, María Dolores de Cospedal, fue la que desencadenó una tormenta que amenaza con descargar fuerte en pleno y caluroso mes de agosto.
Según la secretaria general del PP, el Ejecutivo socialista ha instaurado un "Estado policial" que persigue a la formación opositora.
Los dirigentes del PP, dijo Zapatero en Lanzarote, donde pasa sus vacaciones, "saben que afortunadamente tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de Derecho". "Deseo quedarme ahí", dijo, y ahí se quedó. Un día antes, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, exigió desde Paraguay a Cospedal que denuncie lo que sabe o se retracte inmediatamente. El Partido Socialista (PSOE) instó también a Cospedal a que demuestre sus acusaciones o se retire de la política.
Desde el PP se asegura que esa denuncia ante la Justicia ya existe. El pasado 24 de julio, el ex ministro de Defensa y actual secretario de Justicia del PP, Federico Trillo, denunció una interceptación ilegal de las comunicaciones, después de que se filtrasen datos sobre el "caso Gürtel" a medios ideológicamente afines al gobierno.
Policías y jueces también intervinieron en la polémica iniciada por Cospedal mostrando su malestar. Los primeros piden a la secretaria general del PP que denuncie o se retracte. Y los segundos critican unas "graves acusaciones" que se lanzan sin presentar pruebas en los medios de comunicación en vez de en los tribunales. "En política no puede valer todo", dijo un portavoz.
Según Cospedal, "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No reveló de quiénes se trata, pero según medios españoles, fuentes de la formación opositora apuntan al ex ministro Trillo, quien se ha encargado de la estrategia de defensa de la formación de Rajoy frente al "caso Gürtel". Y el propio Trillo apunta a Camps.
Pese a las críticas del Ejecutivo de Zapatero, del Partido Socialista (PSOE) y de jueces y policías, el PP no se retractó de lo que dijo su secretaria general. "Estamos ante prácticas antidemocráticas", se insistió desde la formación opositora. "Lo que tiene que hacer el gobierno de España es demostrar que esas denuncias son falsas", manifestó el secretario de Economía del PP, Cristóbal Montoro.
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