El verdadero problema de Shakira no fue su offshore

La absolución de Shakira por el ejercicio fiscal 2011 reabrió el debate sobre las sociedades offshore, la residencia fiscal y los límites de la planificación patrimonial.

Shakira fue absuelta por la Audiencia Nacional española en la causa correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Hace pocos días, la Audiencia Nacional española absolvió a Shakira en la causa correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y ordenó a Hacienda devolverle más de 60 millones de euros entre liquidaciones, sanciones, intereses y costas. Ocho años de titulares, filtraciones y condena pública para llegar a una conclusión que debería haber sido obvia desde el principio: no había pruebas suficientes de que la cantante fuera residente fiscal española ese año.

La propia Shakira habló de “ocho años de calvario” y dijo haber sido utilizada para enviar “un mensaje amenazante” a otros contribuyentes. Tiene razón. Pero la historia no es tan simple. Y acá es donde la mayoría de los análisis se quedan cortos.

Porque el caso Shakira no es un caso de planificación impecable destruida por un fisco abusivo. Es algo más interesante y más instructivo: es un caso que muestra, con una claridad brutal, la diferencia entre una planificación bien ejecutada y una que no lo fue. Y las consecuencias de cada una.

El final feliz: ¿por qué?

En 2011, Shakira tenía residencia fiscal en Bahamas. No residía en España más de 183 días al año. No había vínculo conyugal formal con Gerard Piqué. Sus hijos no vivían en España. La estructura era legítima y el comportamiento era consistente con esa estructura. Resultado: absolución, y Hacienda tiene que devolverle €60 millones.

La parte que nadie quiere contar

En noviembre de 2023, en el primer día de su juicio por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, Shakira reconoció ante el juez seis cargos de fraude fiscal. Admitió no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos. Aceptó una condena de tres años de prisión en suspenso y pagó una multa de 7,3 millones de euros. El juicio duró ocho minutos.

¿Qué cambió entre 2011 y 2012? La realidad. Y la estructura no acompañó ese cambio. A partir de 2012, Shakira comenzó a vivir efectivamente en España más de 183 días al año. Tenía pareja estable. Tenía hijos. Tenía casa. Tenía vida cotidiana en Barcelona. Pero mantuvo la misma estructura de residencia offshore que había tenido cuando esa estructura era genuina.

Ahí está el problema. Y es el problema que veo más frecuentemente en mi trabajo: el error no es la planificación en sí misma, sino la inconsistencia entre la estructura legal y el comportamiento real de quien la usa.

Una sociedad offshore no es un escudo mágico. Un cambio de residencia fiscal no es un formulario que se llena una vez y se olvida. Una planificación patrimonial internacional requiere que la vida real sea consistente con lo que los documentos dicen. Cuando lo es, funciona. Cuando no lo es, colapsa. Y colapsa de manera cara, mediática y dolorosa.

Lo que esto significa para todos

Tener una sociedad offshore no es delito. Cambiar de residencia fiscal no es delito. Planificar un patrimonio no es delito. Reducir impuestos legalmente tampoco. Pero simular una residencia que ya no existe en la práctica sí puede serlo. Y en el caso de Shakira, en los años en que su vida real y su estructura fiscal dejaron de coincidir, los tribunales le dieron la razón a Hacienda.

El fisco español fue abusivo en muchos aspectos de este caso. La persecución mediática fue desproporcionada. Los ocho años de proceso son una crueldad que ningún sistema judicial debería infligir a nadie. Todo eso es verdad.

Pero también es verdad que una planificación patrimonial no es una coartada. Es un compromiso. Requiere coherencia, mantenimiento y, sobre todo, que la vida que uno lleva sea la misma que los documentos describen.

Cuando eso se cumple, la justicia, aunque tarde, termina dando la razón. Cuando no se cumple, la justicia también termina dando la razón. Pero en contra.