El gobierno español anunció hoy que impulsará una reforma de la Ley de Extranjería antes de 2009, que prevé restringir el reagrupamiento familiar en inmigración y ampliar de 40 a 60 días la retención de inmigrantes en espera de repatriación.
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La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el gobierno presentará una "reforma parcial y limitada" a la Ley de Extranjería en septiembre, para que pueda votarse en el Parlamento "antes de que acabe el año" y entre en vigor en 2009.
La reforma se abordará con el "máximo consenso" entre agentes sociales, inmigrantes y partidos políticos, añadió Fernández de la Vega, en la reunión inaugural de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política de Inmigración.
El gobierno español introducirá así modificaciones ya anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para restringir el reagrupamiento de los inmigrantes, permitiendo sólo el caso de cónyuges e hijos menores de 18 años y no de padres y suegros.
La vicepresidenta también anunció que el nuevo texto incluirá ampliar de 40 a 60 días la retención de inmigrantes en espera de repatriación, al considerar que el periodo máximo actual "en ocasiones, resulta escaso" para efectuar los trámites de retorno.
Además de la reforma de la Ley de extranjería, Fernández de la Vega se refirió a otros temas sobre inmigración que están en la "agenda" del gobierno, como la propuesta del ministro Corbacho de "incentivar" el retorno a sus países de extranjeros desocupados.
El gobierno quiere promover un "plan de retorno voluntario" que consiste en ofrecerle a los inmigrantes con permiso de residencia y trabajo regresar a su país cuando pierdan el empleo.
En ese sentido, se prevé que inmigrantes cobren en dos pagos los subsidios de desempleo acumulado, siempre y cuando renuncien a sus permisos de empleo y residencia y "se comprometan" a no regresar a España en tres años.
El plan de "retorno voluntario" será analizado mañana por el Consejo de Ministros español y se discutirá en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para el 9 de julio.
La vicepresidenta se refirió también hoy a la directiva sobre repatriación de personas indocumentadas aprobada el miércoles por el Parlamento europeo.
La directiva permite "establecer garantías donde no las había" y es conveniente para adoptar una "política común" entre los países de la Unión Europea (UE).
El Parlamento europeo aprobó el miércoles por amplia mayoría una directiva sobre repatriación de personas indocumentadas, que pretende coordinar las políticas sobre inmigración ilegal de los países miembros de UE.
En sintonía con Fernández de la Vega, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy que la "directiva de retorno" de inmigrantes aprobada por el Parlamento Europeo "no obliga sino que limita", y consideró que la repatriación no está en manos de leyes, sino de la "cooperación" con países de origen.
Las políticas europeas contra la inmigración, y en especial la resolución que permite la expulsión, generan malestar en América Latina, con críticas de varios gobiernos y el anuncio de acciones para intentar revertirlas.
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