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El presidente del tribunal, Allard de Boer, consideró que nueve de los 14 acusados formaban parte de un grupo criminal y terrorista que, bajo el liderazgo del asesino del cineasta holandés Theo van Gogh, Mohamed Buyeri, amenazaba los derechos fundamentales y el orden judicial.
Las sentencias se impusieron en virtud de la nueva Ley antiterrorista de junio de 2004, que prevé penas más duras que en la legislación anterior y una definición más amplia de los delitos de naturaleza terrorista.
Así, aunque el tribunal reconoció que no se pudo demostrar que el grupo estuviera planeando un atentado terrorista concreto, condición exigida bajo la anterior legislación para emitir una condena, le bastó con determinar que sus miembros habían amenazado repetidamente con cometer ese tipo de delitos.
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