El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas y exsecretario de Defensa hondureño, fue procesado por presunta incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión. El expediente surgió tras una serie de acusaciones contra periodistas durante el último proceso electoral.
Roosevelt Hernández irá a juicio por ataques contra periodistas.
Por primera vez en Honduras, un exjefe militar afrontará un proceso judicial por presuntos ataques contra la prensa. El general retirado Roosevelt Hernández, quien estuvo al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue secretario de Defensa durante el gobierno de Xiomara Castro, recibió el 1 de septiembre un auto de formal procesamiento.
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Una jueza fijó la audiencia preliminar para el 14 de septiembre, mientras que la Fiscalía acusó a Hernández de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión.
La defensa del exmilitar apeló la decisión el 4 de septiembre y reclamó el sobreseimiento definitivo. Sus abogados argumentaron que el tribunal excluyó indebidamente dos peritajes y diferentes documentos aportados por su representación. Según un relevamiento de LatAm Journalism Review, el proceso resultó inédito tanto por el rango del acusado como por las conductas investigadas.
El origen del expediente se remonta al proceso electoral que culminó con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó ante el Ministerio Público una denuncia para iniciar acciones contra 12 medios de comunicación por supuestas calumnias y difamaciones.
La tensión aumentó durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Thelma Mejía, periodista hondureña y directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, explicó a LatAm Journalism Review que aquella jornada marcó un incremento de la hostilidad hacia los medios.
Los inconvenientes afectaron al 72% de los centros de votación debido a demoras en la distribución del material electoral que se encontraba bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Periodistas reclamaron explicaciones e incluso solicitaron que el Ministerio Público investigara lo sucedido, algo que, según Mejía, generó el malestar de Hernández.
La confrontación escaló el 26 de mayo de 2025, cuando la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes calificó bajo el título “sicarios de la verdad”.
La publicación les atribuyó la difusión de información falsa. Los denunciantes consideraron que esas expresiones constituyeron actos de estigmatización, incitación al odio y difamación.
El requerimiento fiscal incluyó además publicaciones realizadas en redes sociales con señalamientos similares. Entre ellas apareció una acusación pública de Hernández contra el periodista José Adán López, a quien vinculó con el crimen organizado.
La investigación también incorporó la aparición de pancartas en diferentes puntos de Tegucigalpa con fotografías de periodistas y la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”.
Las personas que se adjudicaron la colocación de esas mantas se identificaron como integrantes del Movimiento Popular Hondureño, aunque no establecieron un vínculo con las Fuerzas Armadas.
El expediente judicial se desarrolló en medio de un escenario de creciente preocupación por las agresiones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras.
Un informe de C-Libre registró un aumento del 19,6% en las agresiones contra integrantes de la prensa y personas defensoras durante el contexto electoral hondureño.
El reporte identificó al aparato estatal como principal responsable de los ataques denunciados: el 49% provino de las Fuerzas Armadas, el 22,8% de funcionarios del gobierno de Castro y el 17% de la Policía Nacional.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incorporó en su informe anual de 2025 actuaciones de las Fuerzas Armadas coincidentes con algunos de los episodios contemplados por la investigación.
“En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”.
El organismo sostuvo que esas conductas se manifestaron “tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.
Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), aseguró a LatAm Journalism Review que la causa no habría avanzado sin la presión ejercida por periodistas y organizaciones civiles.
“Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”.
Meza definió el expediente como “un caso emblemático e histórico” y destacó el trabajo realizado por Asopodehu y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos para que la Fiscalía hiciera pública la investigación.
Por su parte, Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advirtió que la presentación de la causa en noviembre de 2025, poco antes del cambio de gobierno, podría generar interrogantes sobre eventuales motivaciones políticas.
A pesar de ello, consideró que el proceso puede transformarse en un “parteaguas” frente a las acciones destinadas a presionar o intimidar a periodistas.
“Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”.
Acevedo consideró además que el caso podría impulsar nuevas denuncias en un país donde, según señaló, todavía existe una elevada impunidad en los delitos contra periodistas.
Para Mejía, el juicio también puede convertirse en una señal hacia las autoridades de la nueva administración y establecer límites frente a eventuales enfrentamientos futuros con los medios de comunicación.
“Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.
El procesamiento de Hernández abrió así un escenario inédito en Honduras donde un exjefe de las Fuerzas Armadas deberá responder judicialmente por hechos vinculados con presuntas acciones de estigmatización y coerción contra periodistas. El resultado de la causa podría convertirse en un antecedente relevante para futuras investigaciones relacionadas con la libertad de prensa y de expresión en el país.