Roma (EFE) -. El Gobierno italiano aprobó ayer un proyecto de ley con el que el primer ministro, Silvio Berlusconi, intenta conseguir nuevamente la inmunidad, que le permitirá suspender los juicios que tiene pendientes, lo que no logró durante su anterior mandato (2001-2005).
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"No es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país".
Así justificó Berlusconi hace unos días su intención de volver a presentar una normativa que la oposición considera que está hecha a su propia medida.
En 2004, Berlusconi presentó una ley que otorga inmunidad a los cinco cargos más importantes del Estado, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla contraria a los principios de la Carta Magna.
El líder del centroderecha ha esperado poco más de un mes desde su reelección como presidente del Gobierno para volver a la carga con una nueva versión de esta norma, que logre superar los obstáculos planteados en 2004 por el Constitucional.
En una carta enviada hace unos días al presidente del Senado italiano, su correligionario Renato Schifani, ya anunció su intención de volver a presentar esta ley para "evitar -dijo- que se pueda utilizar la justicia contra quien se encuentra en los más altos niveles institucionales del Estado".
Esta vez, el magnate de la televisión y el político más rico de Italia no quiere sorpresas y ha encargado su redacción al ministro de Justicia, Angelino Alfano, y a su abogado y también diputado, Nicolò Ghedini.
La nueva ley prevé aplicar la inmunidad a los presidentes de la República y del Gobierno y a los de la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que presenta como novedad la exclusión del responsable del Tribunal Constitucional, que si figuraba en 2004.
De esta manera, no podrán ser juzgados o investigados durante la duración de su mandato por delitos que no sean relativos a su cargo institucional, aunque este tiempo no contará para la prescripción de los procesos.
Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, la nueva norma incluye algunos cambios, como que las víctimas de los procesos contra estos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.
Además, establece como límite de la inmunidad la duración del mandato e introduce la posibilidad de renunciar a este privilegio.
"Hemos trabajado sobre los puntos débiles de la ley de 2004 tachados de inconstitucionales y hemos propuesto de nuevo los principios valorados positivamente", explicó Alfano.
Berlusconi ha dado prioridad a la aprobación de esta ley, por lo que antes de su llegada al Consejo de Ministros ya se había puesto una fecha para comenzar su ratificación en el Parlamento: el 28 de julio.
El titular de Justicia aseguró en rueda de prensa que la ley "dará mayor equilibrio y serenidad a los máximos cargos del Estado".
Alfano destacó la importancia de la norma para la vida democrática del país y esgrimió el argumento de que, al margen de esta ley, si Berlusconi fuese condenado "no tiene la obligación de dimitir".
La portavoz en el Senado del Partido Demócrata en la oposición, Anna Finocchiaro, sugirió que la entrada en vigor de la inmunidad sea a partir de la próxima legislatura, "para no dar la imagen de un sistema que hace leyes, de nuevo, en interés del presidente del Gobierno".
Por su parte, el líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, anunció que en caso de entrada en vigor propondrá un referéndum para que los ciudadanos decidan "si es justo que quienes les gobiernan puedan evitar un proceso por haber corrompido a un testigo durante un juicio".
Ese ejemplo se remite a uno de los procesos contra Berlusconi que quedará suspendido, si la ley finalmente se aprueba, y que juzga el supuesto pago de 580.000 euros al abogado británico David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos celebrados en 1997 y 1998 contra el empresario y de los que fue absuelto.
