El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el empresario Luciano Hang.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este martes un importante operativo contra ocho empresarios cercanos al presidente Jair Bolsonaro, sospechosos de discutir las bondades de un golpe de Estado en caso de que Lula da Silva gane las elecciones de octubre.
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La policía federal llevó a cabo ocho órdenes de registro en cinco estados bajo la dirección del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien se convirtió en jefe del máximo tribunal electoral de Brasil la semana pasada.
De acuerdo a O Globo, los empresarios sospechados de golpismo son Luciano Hang, fundador de la cadena de grandes almacenes Havan y uno de los más destacados partidarios de Bolsonaro; Meyer Nigri, de construcciones Tecnisa; Afrânio Barreira Filho (CocobambuI), Ivan Wrobel (W3 Engenharia), José Isaac Peres, director general del operador de centros comerciales Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA, José Koury, Luiz André Tissot (Sierra) y Marco Aurélio Raymundo (Mormaii).
El ministro Alexandre de Moraes ordenó también que la Policía Federal tome los testimonios de ocho empresarios bolsonaristas sospechosos, el bloqueo de sus cuentas en las redes sociales y la ruptura del secreto bancario.
El multimillonario Luciano Hang confirmó había sido objeto de la operación, que achacó a una cobertura informativa que distorsionó sus comentarios en un chat de grupo de WhatsApp.
"Un artículo irresponsable y sin contexto me puso en esta situación", escribió Hang en Twitter. "Nunca hablé de un golpe de Estado. Siempre he defendido la democracia y la libertad de expresión".
El sitio web de noticias brasileño Metropoles informó la semana pasada que los empresarios integraban un grupo de WhatsApp que discutía las ventajas de un golpe de Estado si el líder de izquierda Lula da Silva gana las elecciones de octubre, como vaticinan las encuestas.
Bolsonaro va por detrás del expresidente y ha cuestionado la integridad del sistema de votación electrónica de Brasil, avivando la preocupación de que podría impugnar los resultados de las elecciones.
Dos de los hijos de Jair Bolsonaro, ambos legisladores federales, denunciaron la investigación policial como un abuso de poder que amenaza la libertad de expresión.
"Es una locura ordenar una orden de búsqueda y captura contra empresarios honestos, por decir en una conversación privada de WhatsApp que preferirían cualquier cosa a un exconvicto", tuiteó el senador Flávio Bolsonaro, refiriéndose al tiempo que Lula pasó en la cárcel por condenas que luego fueron anuladas.
"Esto es un ataque contra la democracia en plena campaña electoral. Censura. No hay otra palabra", tuiteó Eduardo Bolsonaro, que es diputado.