Esta decisión se produce tras una querella de Rosneft, que reclama 5.800 millones de dólares a Yukos, alegando "mala gestión" de su ex filial Yuganskneftegaz.
Según los observadores, este embargo abre una vía hacia el desmantelamiento total del grupo Yukos, cuyo ex presidente Mijail Jodorkovski, espera en prisión su sentencia tras ser juzgado por evasión fiscal y fraude, entre otros delitos.
"Entramos en la última fase del caso Yukos" que desembocará "seguramente en la destrucción total del grupo", aseguró Christopher Weafer, analista del Banco Alfa.
El fisco ruso reclamaba una colosal deuda a Yukos por 27.000 millones de dólares, por lo que procedió a subastar su filial Yuganskneftegaz, para cobrarse parcialmente esos atrasos fiscales.
Esa operación, calificada por sus críticos de "nacionalización", le permitió al Kremlin reforzar su control sobre el importante sector energético ruso.
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