El Parlamento israelí aprobó una polémica ley que impide a la policía divulgar los hallazgos de sus investigaciones, en lo que la oposición considera un intento de proteger al primer ministro, Benjamin Netanyahu, sospechoso de dos casos de corrupción.
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Los legisladores opuestos al proyecto de ley, presentado por el partido Likud, de Netanyahu, impidieron el funcionamiento normal del Parlamento durante dos días para hacer descarrilar la propuesta y llamar la atención de la ciudadanía sobre su contenido.
La ley, que busca limitar la capacidad de la Policía para emitir recomendaciones por escrito a la Fiscalía en casos en los que figuras públicas sean sospechosas de haber cometido delitos, finalmente fue aprobada de madrugada por 59 votos contra 54.
La "ley de las recomendaciones", que impide a la policía hacer público si aconseja la acusación de los sospechosos en ciertas investigaciones de funcionarios o altos cargos políticos, no se aplicará a los casos abiertos.
Los opositores a la ley a lo largo de todo el proceso han señalado que ha sido creada para proteger a Netanyahu, sospechoso en dos casos de corrupción y fraude.
La norma, que no puede aplicarse de manera retroactiva, no afectará las investigaciones contra el premier nacionalista de derecha, que seguirán con su procedimiento establecido.
Sin embargo, comentaristas señalan que aunque Netanyahu se haya visto afectado por filtraciones de las recomendaciones policiales hasta ahora, si se viera involucrado en investigaciones futuras, esta ley lo beneficiaría porque podría quedar eximido.
Tampoco se aplicará la nueva norma a otras investigaciones en curso que vinculan a personalidades del partido de Netanyahu, el derechista Likud, como el ministro de Bienestar, Jaim Katz, o el diputado David Bitan, así como al ministro del Interior, Arie Deri, del partido ultraortodoxo sefardí Shas, aliado en la coalición de gobierno.
La táctica usada por los diputados para no permitir la aprobación del texto en su segunda y tercera lecturas en el Parlamento fue ocupar el podio durante horas y llenar como fuera las 45 horas asignadas a las mociones, informó la agencia de noticias EFE.
Yoel Jasón, de la coalición de centroizquierda Unión Sionista, se pasó tres horas en el podio leyendo mensajes de WhatsApp de sus votantes en contra del proyecto.
Su compañero de formación Eitan Cabel leyó y cantó pasajes de la Biblia y luego pasó a conversar con Ahmed Tibi, de la Lista Árabe Unida, sobre el partido de Liga jugado el pasado día 23 entre el Real Madrid y el Barcelona.
De este modo, las sesiones de todas las comisiones parlamentarios del martes y miércoles fueron canceladas.
Con esta actitud, argumentan los comentaristas, la oposición trató de paliar el daño que sufrió su imagen cuando 17 de sus parlamentarios estuvieron ausentes de la votación de la misma propuesta que fue aprobada en primera lectura.
El partido opositor Yesh Atid (Hay Futuro, en hebreo) anunció que llevará la ley al Tribunal Supremo hoy mismo para su revocación.
"No podemos permitir que la democracia israelí se corrompa a si misma con una ley que viola el principio de igualdad, una ley cuyo propósito es intimidar a la Policía y agentes de la ley", dijo la parlamentaria Karine Elharrar, de Yesh Atid.
La ley ha sido aprobada precisamente cuando la policía se preparaba para emitir sus recomendaciones sobre los dos casos de corrupción en los que Netanyahu es investigado.
El 3 de diciembre pasado, el premier defendió el proyecto como "un intento de evitar la publicación de recomendaciones policiales que dejarían una nube de sospecha sobre personas inocentes, algo que pasa cada día".
El primer ministro es sospechoso de haber recibido regalos lujosos de empresarios y de pactar con un editor de periódico para perjudicar a su competencia a cambio de una cobertura más favorable.
Los opositores a la ley señalan que ha sido diseñada para proteger a políticos corruptos del hostigamiento público, para acallar las investigaciones y restar autoridad a la policía.
Sin embargo, sus partidarios argumentan que las recomendaciones policiales, una vez filtradas a la prensa, causan un daño irreparable a la reputación de los sospechosos y rara vez acaban en acusaciones formales frente a los tribunales.
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