Anoche, Venezuela volvía a conmover a la región. Una nueva insurrección militar y civil dirigida por altos mandos procesados por su participación en el golpe de Estado del 11 abril puso en zozobra al país, resucitando el fantasma del alzamiento que desalojó del poder durante 48 horas al presidente Hugo Chávez. "Nos declaramos en desobediencia y convocamos al pueblo venezolano a respaldar esta medida", señaló el general de brigada Enrique Medina Gómez, rodeado de otros militares rebeldes.
Al cierre de esta edición, miles de personas se congregaban en Caracas en apoyo al llamamiento castrense, generando inmediato temor a un derramamiento de sangre como el que dejó 19 muertos en abril. Los diputados chavistas se declararon anoche en sesión permanente y se desconocía qué actitud adoptará el grueso de la oficialidad, lo que será crucial para la suerte del gobierno.
La nueva crisis institucional en Venezuela llega en un momento delicado para la región. Al agravamiento de la guerra civil colombiana -que en los últimos días comenzó a impactar no sólo en áreas rurales sino también en las grandes ciudades-se suma el acceso de un ex golpista apoyado por sectores de izquierda al ballottage en Ecuador y, sobre todo, al previsible triunfo de Lula Da Silva en Brasil. Pese a los esfuerzos de éste por mostrarse moderado, en sectores de la administración Bush persiste el temor a un eje populista en Sudamérica, liderado por Lula y acompañado por Chávez y un nuevo líder de izquierda en Ecuador.
Los analistas estimaban anoche que el El pronunciamiento militar ocurrió un día después de un paro cívico opositor de 12 horas, que tuvo respuesta parcial, y que exigió la renuncia inmediata del mandatario.
Los rebeldes anunciaron: «Nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos el régimen actual» y de inmediato llamaron a sus compañeros de la fuerza armada nacional y «al pueblo en general» para que hagan lo mismo. Invocaron el artículo 350 de la Constitución que permite desconocer la autoridad si ésta contraría «los valores, principios y garantías democráticas o menoscaba los derechos humanos».
José Vicente Rangel anunció que los militares sublevados «serán sometidos a proceso» cuando cesen en su rebeldía y advirtió que están cometiendo «una payasada».
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