La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - En lo que será el mayor desafío para Evo Morales desde su llegada al poder el 22 de enero, las cuatro regiones más ricas de Bolivia realizarán hoy una huelga general contra la presunta pretensión «totalitaria» del presidente, en medio de un fuerte temor a que se produzcan hechos de violencia.
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Pese a la amenaza del gobierno de usar a las fuerzas armadas contra los huelguistas, a los que calificó de «sediciosos» y «separatistas», los dirigentes de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, departamentos (provincias) de mayoría opositora, continuaban ayer con sus preparativos para la protesta de 24 horas.
Un punto de interés está dado por la interrupción o no de las exportaciones de gas a la Argentina y Brasil desde departamentos como Tarija, aunque observadores creen que el flujo del combustible será normal.
Siete partidos de oposición plantearon el miércoles en Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede de la Asamblea Constituyente, la necesidad de reanudar el diálogo, pero el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) volvió a imponer su mayoría en una votación para ratificar la aprobación del que se convirtió en un polémico reglamento interno.
«La oposición pide diálogo y el MAS aplica el rodillo», tituló ayer en su primera plana el diario local «La Razón», con grandes caracteres, y «La Prensa», también de La Paz, coincidió: «La aplanadora del MAS se impone en Sucre y no hay señas de diálogo».
Con el citado reglamento, el MAS intenta cambiar las reglas de juego pactadas con la oposicióna principios de año, en la ley de convocatoriade la Constituyente. Uno de los puntos de discordia es el número de votos necesarios para aprobar decisiones en la Asamblea, ya que Morales y sus constituyentes quieren que sea mayoría simple (128 votos) y la oposición exige dos tercios (170), porque así lo prescriben la Constitución vigente y la ley de convocatoria. El MAS tiene 137 convencionales.
Límites
El segundo gran desacuerdo se refiere a si la Asamblea tendrá «plenos poderes», por encima de todas las actuales instituciones del Estado, como pretende Morales, o si sólo redactará la nueva carta magna, sin interferir con el Congreso ni otros órganos constituidos, como indica la ley de convocatoria y exige la oposición. Según el gobierno, los poderes del Estado podrían caducar al aprobarse la nueva Constitución, lo que para los opositores sería un «autogolpe».
Con respecto a la huelga, la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que existen planes de grupos de extrema derecha, entre ellos la separatista Nación Camba y la Unión Juvenil Cruceñista, para provocar hoy actos de violencia en Santa Cruz.
Según la funcionaria, esos grupos amenazan con salir «armados» a las calles para forzar el acatamiento a la huelga, por lo que anunció que la policía garantizará el orden público y frenará las agresiones de esas «bandas» contra quienes no acaten el paro, convocado también en apoyo a la pretensión de autonomía administrativa de esos departamentos.
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