Las autoridades de ambos territorios presentaron una demanda federal para impedir que avance el proyecto impulsado por el presidente estadounidense, que busca levantar un monumento cerca del Cementerio Nacional de Arlington.
El arco del triunfo es parte de los festejo por los 250 años de la independencia de EEUU.
El Distrito de Columbia y el estado de Virginia presentaron una demanda conjunta contra el gobierno de Donald Trump para frenar la construcción del arco triunfal de 250 pies (76 metros) que el presidente estadounidense pretende levantar en Washington. La presentación judicial busca impedir el inicio de las obras y suma un nuevo frente de conflicto legal para uno de los proyectos urbanísticos más controvertidos de la administración republicana.
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La demanda fue presentada este sábado ante un tribunal federal por los fiscales generales de ambas jurisdicciones, Brian Schwalb, de Washington DC, y Jay Jones, de Virginia. En el escrito, sostuvieron que el proyecto es ilegal y que no cuenta con la autorización necesaria del Congreso para avanzar.
Los funcionarios también advirtieron que la construcción provocaría daños irreparables en ambas jurisdicciones, debido a su impacto sobre el tránsito, el medioambiente y los sistemas de seguridad y emergencia de la región.
El arco está proyectado para construirse en Memorial Circle, cerca del puente Memorial Bridge, sobre una zona que conecta Washington con Virginia y se encuentra a pocos metros del Cementerio Nacional de Arlington. Se trata de un punto estratégico para la circulación vehicular y para el acceso a distintos edificios e instalaciones gubernamentales.
La presentación solicita una orden judicial de restricción temporal que impida iniciar los trabajos mientras se resuelve la disputa. Según los planes de la administración, la construcción podría comenzar tan pronto como la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) otorgue la aprobación definitiva al diseño, prevista para el próximo jueves 5 de noviembre.
Uno de los principales cuestionamientos de Washington y Virginia apunta a la falta de intervención del Congreso en la autorización de una obra de semejante magnitud. Los demandantes sostienen que el Gobierno avanzó con el proyecto sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes y cuestionan la velocidad con la que se desarrollaron las instancias de evaluación.
También señalaron que el monumento podría afectar las perspectivas históricas y arquitectónicas de la capital estadounidense, además de generar consecuencias sobre el entorno del río Potomac.
En materia de infraestructura, los fiscales generales advirtieron que los tres años previstos para la construcción podrían provocar importantes complicaciones en la circulación entre Washington y Virginia. Según la demanda, los trabajos generarían congestión vehicular, contaminación, escurrimientos de agua hacia el río e interferencias en los servicios de emergencia.
La ubicación también genera preocupación por su cercanía con el Cementerio Nacional de Arlington, donde descansan miles de integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 76 metros de altura, con una estatua de bronce de una figura alada inspirada en la Estatua de la Libertad, que sostendría una antorcha con una llama eterna. Además, incluiría una plataforma de observación, oficinas, espacios de recepción y distintas instalaciones internas.
La presentación de Washington y Virginia se suma a otros cuestionamientos judiciales contra la iniciativa presidencial. En octubre, el condado de Arlington también había demandado al Gobierno federal al considerar que no se realizó una evaluación ambiental adecuada antes de avanzar con el proyecto.
A su vez, tres veteranos de la guerra de Vietnam y un historiador especializado en preservación arquitectónica habían presentado otra demanda para impedir la construcción. Entre sus argumentos, señalaron que el monumento afectaría la experiencia de quienes visitan el Cementerio Nacional de Arlington.
La jueza federal Tanya Chutkan intervino en el expediente y, este sábado, resolvió consolidar la nueva demanda de Washington y Virginia con el proceso iniciado anteriormente por los veteranos y el especialista. También ordenó establecer un calendario conjunto para las presentaciones de las partes.
Un día antes, durante una audiencia, la magistrada había evaluado la posibilidad de ordenar una suspensión temporal de las obras, aunque no tomó una decisión inmediata.
Desde la Casa Blanca defendieron la iniciativa y aseguraron que el arco será uno de los monumentos más emblemáticos de Washington. El portavoz presidencial Davis Ingle sostuvo que la estructura funcionará como una puerta de entrada al Cementerio Nacional de Arlington y como un homenaje a los veteranos y a quienes murieron en servicio.
La administración también argumenta que el proyecto forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora en 2026.
Con la nueva demanda y la acumulación de cuestionamientos judiciales, el futuro del arco triunfal quedó sujeto a una disputa que podría definir si Trump logra avanzar con una de sus principales intervenciones urbanísticas en la capital estadounidense o si los tribunales terminan frenando sus planes.