Peligro de secesión

En un hecho largamente temido, el conflicto por el reclamo de autonomía financiera y administrativa de las regiones más ricas de Bolivia se aproxima a su punto más peligroso. Santa Cruz y otras provincias decidieron imponerla de facto a pesar de la oposición del gobierno de Evo Morales, lo que se traduciría este fin de semana en la toma de las oficinas de recaudación de impuestos. Ante esto, el gobierno izquierdista tensó más la situación al denunciar un intento de secesión y al comenzar a enviar fuerzas federales para zanjar la disputa. Esta pugna, en rigor, esconde otra, más profunda, por la que las regiones resisten el proyecto socializante del gobierno central. Las FF.AA. ya han advertido que intervendrán ante cualquier movimiento que entiendan como un intento separatista.

El gobierno de Evo Morales considera los aprestos autonomistas en las regiones más ricas de Bolivia como amenazas a la integridad territorial del país. Se delinea un curso de colisión con la opositora Santa Cruz.

La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El gobierno boliviano comenzó ayer a enviar fuerzas policiales federales al departamento (provincia) de Santa Cruz, concretando la amenaza del presidente Evo Morales de apelar a la fuerza ante la decisión de ésa y otras tres regiones del país de imponer sus autonomías de facto este sábado.

Una asamblea comenzó a redactar en Santa Cruz «un texto que va a ser una partida hacia la autonomía, el cambio que quiere Bolivia», dijo su presidente, Pablo Klinsky. Será «una revolución autonómica» con «las armas de la democracia», añadió.

Ese esquema, que será puesto en consideración de la población el sábado en un cabildo abierto, traza «un camino alternativo para Bolivia» porque «los cruceños no queremos un país comunista ni socialista», especificó Klinsky.

Similares reuniones estaban siendo organizadas en otros tres departamentos -Tarija, Beni y Pando-, donde también triunfó el Sí en un referendo sobre autonomías en julio de 2006, que La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca rechazaron.

Los departamentos rebeldes, encabezados por Santa Cruz -que aporta 40% de los ingresos del Estado nacional, 30,6% del PBI boliviano, 50,7% de las exportaciones del país-, pretenden acelerar el proceso autonómico, descontentos con la aprobación de una nueva carta magna por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente en ausencia de la oposición.

El nuevo texto constitucional -que debe ser sometido a referendo antes de su puesta en vigencia- incluye autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas que, en los hechos, restan poder a los prefectos (gobernadores) y diluyen los reclamos de autogobierno regional.

A la iniciativa de Santa Cruz se sumaron el prefecto de Cochabamba, el ex militar derechista Manfred Reyes Villa, e influyentes grupos civiles de Chuquisaca.

El gobierno de Morales considera que el llamado a autonomías «de facto» excede los límites de la Constitución. Sin embargo, el principal asesor de la Prefectura de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, dijo que un cabildo previsto para el sábado dará legitimidad al documento.

Tras esos mítines, los prefectos tomarían control de oficinas públicas, como las de impuestos internos y reforma agraria, que desde la semana pasada están tomadas por activistas cívicos opositores a Morales, según informes de medios locales.

Temor

Mientras, el gobierno comenzó a desplazar fuerzas policiales adicionales a Santa Cruz para preservar el orden, según dijo el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada.

«El Estado dispone de las instituciones de fuerza pública para preservar el orden interno, la integridad nacional y la estabilidad democrática», explicó.

Ante el temor a nuevos episodios sangrientos como los que acompañaron la primera votación de la Constitución, Rada anticipó que «si las iniciativas democráticas fallan o no prosperan porque sectores confrontacionales no quieren el diálogo, no quieren concertación nacional y atentan contra la unidad del país, seguramente en ese momento esas instituciones de fuerza legal y constitucional actuarán».

«No admitiremos que ningún prefecto, municipio o dirigente cívico pueda atentar contra la unidad de la Patria, eso está claro y es un deber constitucional de todo ciudadano boliviano el combatir semejantes actos de sedición y separatismo», afirmó por su parte el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra.

Mientras, en las ciudades de Santa Cruz, Trinidad (Beni) y Cobija (Pando) hace una semana que permanecen instalados puestos de huelguistas de hambre en rechazo a la nueva Constitución. Según diversos cálculos, en conjunto suman entre 400 y 900 personas.

Como contracara a estas medidas de la oposición, el gobierno prepara también para el sábado una gran concentración popular en La Paz en la que los líderes de la Asamblea Constituyente, la mayoría del Moviento al Socialismo (MAS), entregarán la nueva carta magna a Morales. Uno de los constituyentes anunció que las elecciones presidenciales serán entre marzo y abril de 2009.

EE.UU. consideró la reforma constitucional como un importante paso para la democracia, pero denunció «lamentables» maniobras para limitar la participación opositora en el proceso, según dijo el Departamento de Estado. «Vemos con preocupación el uso de este proceso por algunas partes para profundizar las divisiones en la sociedad boliviana», señaló.