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El documento de 700 páginas, traducido al japonés, fue entregado al ministerio de Relaciones Exteriores por el embajador de Perú en Tokio, Luis Macchiavello.
El pedido se fundamenta en testimonios de ex colaboradores militares de Fujimori, de 65 años, sobre su presunta responsabilidad en dos masacres de civiles durante la represión del grupo armado Sendero Luminoso al principio de sus diez años de presidencia entre 1990 y 2000.
Tokio parece sin embargo decidido a proteger al ex presidente exiliado en Japón desde noviembre de 2000 a raíz de un escándalo de corrupción, a quien concedió la nacionalidad japonesa.
"Como ya he repetido en numerosas ocasiones, actuaremos conforme a la legislación japonesa", declaró el jueves el portavoz del gobierno, Yasuo Fukuda.
"La regla general es que no entregamos (a las autoridades extranjeras) criminales prófugos si se trata de ciudadanos japoneses", agregó.
Tokio ya respondió con una negativa en marzo pasado a una solicitud de la Interpol pidiendo el arresto del ex presidente peruano.
Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, obtuvo la nacionalidad nipona en diciembre de 2000 y no puede ser extraditado salvo si es desposeído de ella, lo que no tendría precedentes.
Perú quiere que el ex presidente sea juzgado por haber pagado 15 millones de dólares de fondos públicos al ex jefe de los servicios secretos peruanos, Vladimiro Montesinos, en la última época de su presidencia.
El pedido de extradición se refiere también a su presunta responsabilidad en la masacre de 15 civiles cometida por un grupo paramilitar en Barrios Altos en 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992.
En Lima, el gobierno peruano defendió su pedido pese al rechazo aparente de Japón.
"El beneficio perseguido por Fujimori, al invocar la nacionalidad japonesa, nada tiene que ver con su origen sino con su inocultable propósito de escapar a la justicia que lo requiere", afirma el pedido de extradición.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, que leyó largos extractos del documento a la prensa en Lima, explicó que la demanda iba a transitar del ministerio japonés de Relaciones Exteriores al ministerio de Justicia y luego a las autoridades judiciales antes de regresar a la cancillería para una decisión del gobierno.
Wagner dijo ignorar cuánto tiempo duraría todo el proceso.
El ministro de Justicia, Fausto Alvarado, estimó por su parte que Tokio tenía que honrar la demanda peruana porque, dijo, cumple los tres requisitos para una extradición: indicios razonables de culpabilidad, doble incriminación del sistema judicial y del cuerpo legislativo y garantía de un debido proceso.
En Tokio, el embajador peruano agregó que su gobierno tenía "la obligación legal y moral" de pedir la extradición del ex presidente para que sea juzgado.
Fujimori anunció el pasado fin de semana la fundación de un movimiento político con miras a las elecciones presidenciales de 2006.
En un artículo publicado el domingo en su página de internet rechazó las acusaciones que se le imputan diciendo que "carecen de sustento".
En Lima, Amnistía Internacional entregó el miércoles a la embajada de Japón una petición apoyada por 22.000 firmas para exigir la extradición de Fujimori.
Colombia, Alemania, Italia, Portugal y Costa Rica prometieron detenerlo si entraba en su territorio.
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