Roma (EFE).- El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sufrió ayer un nuevo mazazo a menos de un mes de las elecciones generales, con la amenaza de un nuevo juicio en Milán por soborno y la dimisión del ministro de Sanidad, Francesco Scoraze, por un escándalo de espionaje político.
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En medio de una caldeada campaña electoral, la Fiscalía de Milán solicitó ayer enjuiciar a Berlusconi y al abogado británico David Mills -esposo de la ministra británica de Cultura, Tessa Jowell-, por corrupción en actos judiciales.
Según la Fiscalía, Berlusconi habría pagado a Mills unos 580.000 euros a cambio de falsas declaraciones en dos procesos judiciales celebrados contra "Il Cavaliere" en 1997 y 1998, de los que salió absuelto.
Las supuestas irregularidades en aquellos juicios se han destapado a raíz de una investigación más amplia sobre una oscura trama de compraventa de derechos televisivos para obtener fondos negros por parte del grupo Mediaset, propiedad de Berlusconi.
Tanto el jefe del Ejecutivo italiano como Mills han negado siempre las acusaciones, y el primero indicó días atrás que se trata "de una historia inventada".
La petición de la Fiscalía será analizada por el juez milanés Fabio Paparella, que decidirá si seguir adelante con el proceso en una audiencia que podría celebrarse en mayo, según medios de prensa locales.
El portavoz de Berlusconi, Paolo Bonaiuti, aseguró que las alegaciones de los fiscales son "un teorema falso, indigno e imposible", y denunció una supuesta complicidad entre la Fiscalía y el diario Corriere della Sera, que el pasado miércoles pidió el voto para el centroizquierda.
"El tándem Corriere della Sera-Fiscalía de Milán golpea de nuevo como en 1994 (cuando el diario reveló en exclusiva que Berlusconi era investigado por la Justicia).
Tras la declaración de voto del Corriere, aquí está, puntual con las elecciones, la declaración de voto de la Fiscalía", criticó Bonaiuti.
A esta consideración se han unido los principales partidos del centroderecha, que concurrirán aliados a las generales, e incluso el ministro de Justicia, Roberto Castelli, fiel a Berlusconi, que ha asegurado que "a menudo, detrás de estos envíos a juicio no hay nada".
El de la Fiscalía no es el único frente abierto hoy contra Berlusconi: a los escollos judiciales se sumó la dimisión del ministro de Sanidad, Francesco Storace, a raíz de un escándalo de espionaje político.
El titular de Sanidad, de la derechista Alianza Nacional, dimitió después de conocerse que dos de sus contrincantes en las elecciones regionales del Lazio del año pasado, Alessandra Mussolini -nieta de Benito Mussolini- y Piero Marrazzo, fueron espiados por detectives privados.
Las escuchas, según la prensa italiana pretendían "manchar" la reputación de los candidatos en beneficio de Storace, que pese a todo perdió las elecciones y calificó las acusaciones de "calumnia" y explicó que con su renuncia evitaba la manipulación del caso por parte de la oposición en fechas previas a las elecciones generales.
"La simple sospecha de que yo pueda haber orquestado una maniobra política contra mis adversarios me causa dolor e indignación", señaló en un comunicado.
El viceprimer ministro y líder de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, calificó la dimisión de su compañero de partido como "una lección de moralidad política".
El líder de la oposición y rival de Berlusconi en las elecciones, Romano Prodi, indicó que el suceso "demuestra cómo este fin de legislatura es una auténtica catástrofe".
La dimisión del titular de Sanidad es la segunda de un ministro italiano en menos de un mes, tras la del titular de Reformas, Roberto Calderoli, el pasado 18 de febrero ante las críticas por ponerse una camiseta estampada con una de las polémicas caricaturas de Mahoma.
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