La ciudad continúa bajo un fuerte esquema de seguridad.
San Pablo (AFP)-. El estado brasileño de Sao Paulo, todavía bajo un fuerte esquema de seguridad, comenzó a recuperar su normalidad el fin de semana, tras una agitada semana de violencia lanzada por los ataques atribuidos a la banda criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que se saldaron con 172 muertos, según el último balance divulgado ayer.
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La brutal violencia de la semana se saldó con 172 muertos: 109 presuntos delincuentes, 33 policías, 18 presos, 8 agentes penitenciarios y 4 civiles, reveló la secretaría de Seguridad ayer.
En total, en las calles se produjeron 299 ataques, de los cuales 82 a autobuses, 58 a residencias de policías y 17 a agencias bancarias. En las operaciones policiales fueron decomisadas 149 armas y fueron detenidos 125 sospechosos. Además, ocurrieron motines en 73 presidios del estado.
La secretaría de Seguridad confirmó a la AFP que por segunda noche consecutiva no hubo incidentes vinculados a los ataques.
El comandante general de la Policía Militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira, afirmó la noche del viernes que la situación se normalizó.
A pesar de la ola de violencia, las autoridades decidieron mantener la convocatoria de un gran evento llamado "Virada Cultural". Son 24 horas de espectáculos culturales en numerosos puntos de la metrópoli, de la tarde de ayer a la tarde de hoy.
"Llamo a la población a que no deje de lado el ocio", dijo el comandante Teixeira. "Será una forma de demostrar que Sao Paulo no se rinde a los bandidos", dijo el presidente de Sao Paulo Turismo, Caio Luiz Carvalho.
La Policía informó no obstante que la ciudad permanecerá bajo un fuerte esquema de seguridad policial.
Además, fueron anuladas temporalmente las visitas familiares en numerosos presidios, para evitar nuevos motines con rehenes. En esas cárceles, los principales líderes del PCC que desató la violencia fueron aislados y la señal de telefonía móvil bloqueada, para evitar que organicen nuevos ataques.
Mientras, las organizaciones de derechos humanos reclaman explicaciones, ante el saldo de 109 presuntos delincuentes muertos en los últimos días, cuyos nombres las autoridades dijeron que no informarán.
La ola de ataques comenzó hace una semana con ataques en las calles y motines carcelarios, pero desde el martes se reportaron solamente bajas de "sospechosos". El auditor de la Policía, Antonio Funari Filho, admitió que "todos los homicidios no aclarados que la Policía no asume pueden ser de un comando paralelo o de policías vengando las muertes de sus colegas".
Un portavoz de la secretaría de Seguridad Pública afirmó ayer a la AFP que "no hay ninguna denuncia contra policías", pero que las investigaciones seguirán su curso, en base a los informes de la morgue y de las operaciones.
Ante crecientes presiones de organizaciones de derechos humanos, fiscales y abogados, reclamando que se hagan públicos los nombres de los fallecidos, el portavoz policial dijo que el sigilo se debe a que "es una operación de inteligencia" y que solo así conseguirán detener a más implicados.
El gobernador, Claudio Lembo, dijo a la prensa que los nombres no serán divulgados porque se preserva la intimidad de la familia.
Las autoridades permitieron el entierro de 64 de los fallecidos, cuyos nombres fueron revelados a las familias.
Exactamente una semana atrás, el sábado, el más rico y populosos estado brasileño amaneció bajo una onda de ataques atribuidos a la peligrosa organización PCC, que es comandada desde las prisiones y que según fuentes policiales tiene 140.000 presos a sus órdenes y otras 500.000 personas en las calles.
Esa fuerte estructura se dedica al crimen organizado: desde secuestros hasta tráfico de drogas, lo que le garantiza un gran poder financiero. Su líder, según la policía, es un preso llamado Marcos Camacho, alias "Marcola", que cumple sentencia por robo a banco.
La ola de ataques dentro y fuera de las cárceles fue una protesta contra la transferencia de más de 700 presos de esa facción a un presidio a 600 km de Sao paulo.
La ola de violencia tuvo consecuencias políticas, y convirtió a la seguridad en tema de la campaña para las elecciones generales de octubre. El favorito a la presidencia según las encuestas, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y su principal contrincante el socialdemócrata y ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, se acusaron mutuamente por la gestión de la crisis.
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