Con su plan de reforma previsional, el gobierno busca reducir un déficit calculado para este año en más de 18.000 millones de dólares. Sin embargo, debió ceder en varios de sus postulados iniciales por la presión de una huelga de estatales -que ayer cumplió tres semanas-y de los jueces, que podrían trabar la aplicación de la norma por afectar derechos adquiridos. En un hecho inédito, los jueces estaduales y laborales tienen previsto sumarse al paro de estatales entre el 5 y el 12 de agosto.
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